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| 24/03/2014 Buenos Aires |
“Menos mal que este gobierno es
nacional y popular, es de izquierda y progresista”, cantan con ironía Las Manos
de Filippi. El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner vuelve a imponer los
claros criterios de su “capitalismo en serio”: El pasado 12 de diciembre del
año 2013, los trabajadores petroleros Ramón Cortéz, José Rosales, Franco
Padilla y Hugo González fueron condenados a cadena perpetua por el poder
judicial de la provincia de Santa Cruz en Argentina. Otros seis trabajadores fueron
condenados a cinco años de prisión. Se les acusó de coacción agravada, lesiones
y el asesinato de un oficial de policía en el marco de una manifestación sucedida en
el año 2006, año en el que los trabajadores de Las Heras exigían su
reconocimiento sindical en la rama petrolera y no en la Unión Obrera de la
Construcción. Esta reclamación incorporaba la necesidad de obtener otro
contrato colectivo con mejores escalas salariales y condiciones de trabajo. Así
mismo, exigían la suba del mínimo no imponible, monto a partir del cual los
asalariados deben pagar el bochornoso impuesto a las ganancias. Cuando la
huelga de los petroleros y las movilizaciones llevaban casi tres semanas, se
emitió una orden de detención contra varios trabajadores, entre ellos el
compañero Mario Navarro. Los petroleros entonces marcharon hacia la alcaldía
para exigir la liberación de Navarro y el resto de los compañeros, pero fueron
duramente reprimidos. En medio de esa jornada represiva cayó muerto el policía
Jorge Sayago. Las circunstancias nunca fueron dilucidadas, pero como resultado
de ese evento, diecisiete trabajadores y varios vecinos fueron apresados y
acusados por desmanes y asesinato. Según palabras recientes de Ramón Cortez:
“fuimos enjuiciados, encarcelados durante tres años y torturados como en los
peores tiempos militares. Nos ponían bolsas en la cabeza, nos reventaron a
patadas y nos amenazaban con que nos iban a matar a nuestras familias, nos iban
a matar a nuestros hijos”.
En el juicio jamás se demostró la responsabilidad de
los trabajadores en la muerte del policía, pero sí se hizo evidente que estos hombres
habían sido víctimas de torturas que aplicó el Estado para conseguir de ellos
una declaración que sirviera para culpabilizarlos. El fiscal encargado de la
causa justificó este hecho y minimizó las torturas, apuntalando así una nueva
injusticia contra la clase trabajadora. Que una movilización contra el impuesto
a las ganancias, que golpea los bolsillos de los asalariados, arroje como saldo
la condena a cadena perpetua para cuatro trabajadores y cinco años de prisión
para otros tantos, sólo puede ser evidencia del carácter antiobrero del
gobierno kirchnerista. No obstante, esta vergüenza no es sólo “nacional y
popular”: los montajes judiciales están a la orden del día cuando se trata de
criminalizar las luchas del pueblo trabajador en toda América Latina. Mientras
los discursos pretendidamente antimperialistas mantienen adormecidas a las
masas, los gobernantes de turno aprovechan la ocasión para pactar la aplicación
de la Ley Antiterrorista (en sus varios y pintorescos disfraces) en todos los
rincones de la región. Se trata este de un rasgo característico de los
gobiernos autodenominados “progresistas”. También en el marco de ellos, la
justicia burguesa insiste en proteger los intereses de los grandes capitales y
falla contra los trabajadores. No podría ser de otro modo. Actualmente cursa en
los tribunales argentinos una apelación contra la sentencia condenatoria a los
trabajadores de Las Heras. El llamado que burla las fronteras nacionales es a
la movilización permanente y la acción directa de los trabajadores en lucha de
toda la región, porque la solidaridad trascienda los límites del discurso y se
concrete en medidas de presión contra los poderes públicos argentinos que
insisten en pactar con los poderosos. Para quienes hacemos parte de la clase
trabajadora, queda perfectamente claro que quienes viven de nuestro esfuerzo no
estarán jamás dispuestos a reconocernos derecho alguno. Por eso el castigo se
impone siempre ante nuestros ojos y la privación de libertad es una afrenta
contra la dignidad de quienes nos organizamos y luchamos. Pero ni el castigo ni
la tortura ni la represión lograrán jamás imponer el hastío sobre nuestros
cuerpos, seguiremos luchando.
Para más información: Comité de apoyo por la absolución de los petroleros de Las Heras
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