martes, 25 de marzo de 2014

El caso de los Petroleros de Las Heras: otro montaje de la clase dominante contra los trabajadores en América Latina


24/03/2014 Buenos Aires
“Menos mal que este gobierno es nacional y popular, es de izquierda y progresista”, cantan con ironía Las Manos de Filippi. El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner vuelve a imponer los claros criterios de su “capitalismo en serio”: El pasado 12 de diciembre del año 2013, los trabajadores petroleros Ramón Cortéz, José Rosales, Franco Padilla y Hugo González fueron condenados a cadena perpetua por el poder judicial de la provincia de Santa Cruz en Argentina. Otros seis trabajadores fueron condenados a cinco años de prisión. Se les acusó de coacción agravada, lesiones y el asesinato de un oficial de policía en el marco de una manifestación sucedida en el año 2006, año en el que los trabajadores de Las Heras exigían su reconocimiento sindical en la rama petrolera y no en la Unión Obrera de la Construcción. Esta reclamación incorporaba la necesidad de obtener otro contrato colectivo con mejores escalas salariales y condiciones de trabajo. Así mismo, exigían la suba del mínimo no imponible, monto a partir del cual los asalariados deben pagar el bochornoso impuesto a las ganancias. Cuando la huelga de los petroleros y las movilizaciones llevaban casi tres semanas, se emitió una orden de detención contra varios trabajadores, entre ellos el compañero Mario Navarro. Los petroleros entonces marcharon hacia la alcaldía para exigir la liberación de Navarro y el resto de los compañeros, pero fueron duramente reprimidos. En medio de esa jornada represiva cayó muerto el policía Jorge Sayago. Las circunstancias nunca fueron dilucidadas, pero como resultado de ese evento, diecisiete trabajadores y varios vecinos fueron apresados y acusados por desmanes y asesinato. Según palabras recientes de Ramón Cortez: “fuimos enjuiciados, encarcelados durante tres años y torturados como en los peores tiempos militares. Nos ponían bolsas en la cabeza, nos reventaron a patadas y nos amenazaban con que nos iban a matar a nuestras familias, nos iban a matar a nuestros hijos”. 

En el juicio jamás se demostró la responsabilidad de los trabajadores en la muerte del policía, pero sí se hizo evidente que estos hombres habían sido víctimas de torturas que aplicó el Estado para conseguir de ellos una declaración que sirviera para culpabilizarlos. El fiscal encargado de la causa justificó este hecho y minimizó las torturas, apuntalando así una nueva injusticia contra la clase trabajadora. Que una movilización contra el impuesto a las ganancias, que golpea los bolsillos de los asalariados, arroje como saldo la condena a cadena perpetua para cuatro trabajadores y cinco años de prisión para otros tantos, sólo puede ser evidencia del carácter antiobrero del gobierno kirchnerista. No obstante, esta vergüenza no es sólo “nacional y popular”: los montajes judiciales están a la orden del día cuando se trata de criminalizar las luchas del pueblo trabajador en toda América Latina. Mientras los discursos pretendidamente antimperialistas mantienen adormecidas a las masas, los gobernantes de turno aprovechan la ocasión para pactar la aplicación de la Ley Antiterrorista (en sus varios y pintorescos disfraces) en todos los rincones de la región. Se trata este de un rasgo característico de los gobiernos autodenominados “progresistas”. También en el marco de ellos, la justicia burguesa insiste en proteger los intereses de los grandes capitales y falla contra los trabajadores. No podría ser de otro modo. Actualmente cursa en los tribunales argentinos una apelación contra la sentencia condenatoria a los trabajadores de Las Heras. El llamado que burla las fronteras nacionales es a la movilización permanente y la acción directa de los trabajadores en lucha de toda la región, porque la solidaridad trascienda los límites del discurso y se concrete en medidas de presión contra los poderes públicos argentinos que insisten en pactar con los poderosos. Para quienes hacemos parte de la clase trabajadora, queda perfectamente claro que quienes viven de nuestro esfuerzo no estarán jamás dispuestos a reconocernos derecho alguno. Por eso el castigo se impone siempre ante nuestros ojos y la privación de libertad es una afrenta contra la dignidad de quienes nos organizamos y luchamos. Pero ni el castigo ni la tortura ni la represión lograrán jamás imponer el hastío sobre nuestros cuerpos, seguiremos luchando.




lunes, 24 de marzo de 2014

El Caso Scala: El montaje contra la CNT orquestado por el gobierno de Adolfo Suárez

El domingo 15 de enero de 1978 la CNT organizó una manifestación en Barcelona contra la firma de los Pactos de la Moncloa y las elecciones sindicales. En la misma se juntaron alrededor de 10.000 trabajadores que seguían oponiéndose a ese pacto social y que era prueba evidente de la gran capacidad de convocatoria que tenia la CNT en aquellos momentos.

A las 13:15 horas, terminada la manifestación, tuvo lugar un ataque con cócteles Molotov contra la sala de fiestas más conocida y de más éxito de Barcelona en aquellos momentos, la sala "Scala", situada en la esquina de la calle Consejo de Ciento y Paseo de San Juan. El resultado inmediato fue la muerte de cuatro trabajadores de la sala: Diego Montero, Bernabé Bravo, Ramón Egea y Juan Manuel López; tres de los cuales eran afiliados de la propia CNT.

Fuego en la Sala Scala.
Arde la Sala Scala.

Por aquellos días podría decirse que los ciudadanos estaban en cierto modo acostumbrados a las noticias de atentados terroristas. A nadie asombraba el asesinato de policías o militares, los coches-bomba y demás actos que resultaban casi habituales en aquella época. Sin embargo, un atentado contra una sala de fiestas era algo que resultaba inverosímil por lo absurdo y disparatado de la idea. Probablemente por ello en los primeros momentos se aventuraron toda clase de hipótesis. Algunos medios achacaron el atentado a vulgares asesinos, otros lo relacionaron con cuestiones particulares relacionadas con la sala de fiestas, algunos llegaron a establecer una relación con la campaña en pro de la libertad de expresión que por aquel entonces se desarrollaba en solidaridad con el dramaturgo Albert Boadella.

La duda y la incredulidad siguió siendo la tónica general para la inmensa mayoría hasta que, tan sólo cuarenta y ocho horas después, el martes 17 de enero un comunicado de la policía informó de la detención de todos los presuntos autores del atentado, a quienes inmediatamente se les relacionó con la CNT.

«Un comando de la FAI (Federación Anarquista Ibérica), integrado por tres sujetos en cuyo poder se ha hallado asimismo documentación que les acredita como afiliados a la central sindical CNT ha sido autor, según la Jefatura de Policia de Barcelona, del atentado contra el restaurante-espectáculo Scala.»
Agencia Pyresa

Efectivamente, los detenidos eran todos afiliados a la CNT y poco antes del atentado habían participado en la manifestación. Al finalizar la manifestación -según la policía- los acusados se habían dirigido a la sala de fiestas lanzando contra ella seis cócteles molotov que ocasionaron el incendio y la muerte de los cuatro trabajadores que se hallaban dentro. De esta manera quedó establecida la relación de los detenidos con la CNT y el atentado con la manifestación. Bajo la dirección del gobernador civil José María Belloch y del comisario Francisco Álvarez, empezaron las detenciones en los medios anarcosindicalistas.

La prensa sobre el Caso Scala.

Sin duda lo que más sorprende es la insólita eficacia policial que había permitido encontrar a los culpables entre las 10.000 personas que aproximadamente participaron en la manifestación. Cómo consiguió la policía barcelonesa este alarde de perfección es algo que no se llegaría a saber hasta algún tiempo después. En aquel momento sólo dio lugar a toda clase de conjeturas que tenían como común denominador la sospecha de que detrás de todo había gato encerrado. Con el tiempo esa sospecha se acabaría convirtiendo en certeza.

Comienzo de la campaña orquestada contra el movimiento libertario

 

Los detenidos fueron debidamente acusados y procesados, pero eso no detuvo la operación policial. Muy al contrario, en los días posteriores fueron detenidas alrededor de 170 personas más, al mismo tiempo que se desataba una imponente campaña de descrédito contra la organización confederal por medio de los medios de comunicación y de los aparatos represivos del estado, que vieron la ocasión de amordazar y destruir la única fuerza con cierto peso social que amenazaba la amplia operación de blanqueo de la dictadura franquista y de los propios franquistas. Dicha operación pasaba por los Pactos de la Moncloa -a los que ni asistieron ni fueron invitadas las fuerzas sindicales, aunque luego la mayoría de las mismas los aceptaran- destinados a hacer recaer sobre las espaldas de la clase trabajadora el grueso de la crisis económica que se estaba viviendo, a costa de fuertes recortes salariales, subidas de impuestos sobre el consumo y pérdida de derechos laborales y a la vez sentar las bases de los cambios políticos que deberían llevar a la Constitución de 1978, fruto de un gran pacto entre el franquismo y una nueva clase política emergente ávida de poder.

Foto de Rodolfo Martín Villa.
Rodolfo Martín Villa
Máximo responsable de la operación del Scala. Por entonces era ministro de Gobernación y presentó la detención de los supuestos responsables en apenas 24 horas como un triunfo. La policía andaba necesitada de éxitos, temerosa de que la transición conllevara una purga en el cuerpo. Anteriormente había estado vinculado con el Sindicato vertical en la época franquista, ocupando diversos altos cargos a lo largo de los años de la dictadura. Este terrorista es en la actualidad el Presidente de Sogecable.
La CNT, reacia al conjunto de dichos pactos y reacia, sobretodo, a olvidar el pasado y a renunciar a exigir cuentas al franquismo depurando todo el aparato estatal, ya fuese político, policial, judicial e incluso cultural, se había convertido en el gran objetivo a batir.

El simple hecho de aparecer en la agenda de teléfonos de algunos de los acusados o de una persona relacionada con alguno de los acusados se convirtió en motivo suficiente para ser detenido. Después de ser interrogados y pasar alguna noche en el calabozo, los detenidos eran puestos en libertad sin cargo alguno. Resultaba evidente que la policía no buscaba nada ni a nadie -ya tenían a los culpables- se trataba simplemente de amedrentar a los cenetistas y de ahuyentar de la organización a miles de trabajadores afiliados que, si bien se identificaban con la línea sindical de los anarconsindicalistas, no estaban dispuestos a llegar demasiado lejos en su adhesión, ni mucho menos a desafiar una represión policial de aquella envergadura.

La cosa no era de broma, las noticias de nuevas detenciones crearon un ambiente de inseguridad en gran parte de la afiliación. Por otra parte, la certeza de la implicación de la CNT en el atentado fue afianzándose en la opinión pública, lo que provocó un serio deterioro en la imagen de la organización y de los anarquistas por extensión. Si a esto añadimos las noticias de agresiones y asaltos por parte de grupos fascistas, que en aquellos días se incrementaron de forma muy considerable, podemos hacernos una imagen aproximada de la situación. Ser libertario en aquellos momentos se convirtió en algo bastante desagradable. Los medios de comunicación lo hicieron impopular, la policía y los grupos de la ultraderecha lo hicieron peligroso. Como consecuencia, se fueron debilitando las filas cenetistas, abandonadas por muchos trabajadores.

Ni que decir tiene que los Pactos de la Moncloa pasaron a un segundo plano.

Como hemos dicho la represión no sólo fue policial. El caso Scala marcó el comienzo de una intensa campaña de atentados contra el Movimiento Libertario y contra una CNT de nuevo en auge -ya contaba con 100.000 afiliados sólo en Cataluña- en particular protagonizada por grupos, al parecer de ultraderecha, que se escondían detrás de siglas desconocidas e indescifrables. En aquellos meses se tuvieron noticias de atentados en varias ciudades, sin que la policía demostrara la misma eficacia en detener a sus autores que había demostrado en el caso Scala.

El montaje policial sale a luz 


La vista del caso tuvo lugar en diciembre de 1980. Los abogados defensores solicitaron que el ministro de gobernación, Rodolfo Martín Villa, compareciese a declarar, pero no lo hizo. Tampoco lo hizo Joaquín Gambín, confidente de la policía y responsable del incendio del Scala según la defensa. Gambín había logrado fugarse de la prisión de Elche en extrañas circunstancias y, a pesar de que tenía varias órdenes judiciales de busca y captura, la policía no pudo dar con su paradero.


La posición de la defensa apuntaba hacia un montaje policial orquestado mediante confidentes infiltrados en el sindicato CNT con el objetivo de desacreditar al sindicato ante los trabajadores y evitar así su progresión en Cataluña. La sentencia condenó a José Cuevas, Xavier Cañadas y Arturo Palma a 17 años de prisión como autores de un delito de homicidio involuntario y por fabricación de explosivos; Luis Muñoz fue condenado a dos años y seis meses por complicidad, y Rosa López, a 5 meses por encubrimiento. El recurso presentado por los abogados defensores, por quebrantamiento de forma y denegación de pruebas por la no comparecencia de Martín Villa en la vista, fue rechazado por el Supremo.

Manifestación Caso Scala.
¿Qué tienen que decir los servicios de información del estado sobre el incendio del "Scala"?

La presión sobre la policía por el asunto Gambín se multiplicó a raíz de la vista y de las exigencias, en aquel sentido, del indignado fiscal del caso, Alejandro del Toro, que desde instancias judiciales conservadores fue acusado de "simpatizar con los anarquistas". Con el paso de los años se fue descubriendo el papel crucial y decisivo que desempeñó Joaquín Gambín, el Grillo, o también conocido como el Rubio o el Legionario, en este asunto. Como se llegó a demostrar, fue él quien se infiltró en la CNT para dirigir el atentado. La presión de la prensa sobre la policía y la ausencia de Gambín en la vista del caso hicieron levantar sospechas sobre las verdaderas causas del atentado, provocando incluso desavenencias entre el Ministerio Fiscal y algunos miembros de la judicatura. Finalmente, a finales de 1981, Gambín fue detenido por la policía tras un tiroteo en Valencia. El Caso Scala volvía a abrirse.

La segunda vista del Caso Scala Barcelona, en diciembre de 1983, solo tuvo un acusado: Joaquín Gambín. La sentencia lo condenó a 7 años de prisión por acudir a la manifestación con armas y por preparación de explosivos.

Tras las cenizas del Scala

 

El Caso Scala fue la punta de lanza de la gran represión que se abatió sobre el movimiento libertario, en momentos de cierta debilidad organizativa y estructural debido a las evidentes divisiones que se estaban ya gestando en el seno de la anarcosindical.

Como posteriormente escribiría Xavier Cañadas Pérez, uno de los encausados y encarcelados durante ocho años por el Caso Scala:

Esta relación de hechos, documentalmente contrastados, arrojan un tal cúmulo de datos que permiten afirmar que el Caso Scala constituye el punto de inflexión de una dinámica de represión, políticamente concebida y previamente estudiada en los altos niveles del Gobierno, pues dichos hechos escapan a la competencia exclusiva de un estamento, de una sola brigada o servicio policial, de un solo magistrado, de un solo Ministerio.

La intensificación de la persecución polical contra el movimiento libertario fue alarmante. El 13 de marzo de 1978 murió Agustín Rueda, preso en la cárcel de Carbanchel, a consecuencia de la paliza que le propinaron un grupo de funcionarios de prisiones. Tres meses después Agutín Valiente falleció en Almeria mientras intentaba evitar una detención polical. En junio de 1979 el cenetista Valentín González murió por el impacto de una pelota de goma lanzada por la policía al reprimir la huega de los trabajadores del Mercado de Abastos de Valencia. Pero la represión no terminó aquí.

Ante esta situación creció el número de compañeros que optaron por la violencia como respuesta a la denominada nueva represión democrática. En febrero de 1978 se detuvo en Barcelona, Valencia y Madrid a veintidós personas acusadas de pertenecer a los Grupos Autónomos, en abril cuatro trabajadores de la SEAT de Barcelona fueron detenidos acusados de formar el Ejército Revolucionario de Ayuda al Trabajadoar (ERAT), al mes siguinete cayeron una docena de compañeros en Valladolid y ese verano continuaron las detenciones. En febro de 1979 hubo once nuevos detenido, en mayo uno más en la Junquera y en junio hubo una amplia redada contra la Federación Ibérica de Grupos Anarquistas (FIGA) en varias ciudades de la península, en agosto se produjeron cuatro nuevas detenciones en el movimeinto libertario barcelonés y en octubre otras tres en Madrid. En noviembre hubo dos heridos de bala en Valencia que pertencáin a los Grupos Autónomos Anarquistas, acusación que se repitió contra otros cuatro anarquistas detenidos en el mes de diciembre de 1979.

La ofensiva de estos miltiantes libertarios alimentó la intoxicación de los medios de comunicación, que, por jemplo, asociaban a los Comado Autónomos Anticapitalistas con ETA, y aumentó el aislamiento de la CNT y del resto de organizaciones anarquistas. Ya no había base social para revolución alguna y el movimiento libertario se fue quedando solo en la lucha por una transformación social más profunda.

Elección del secretario de la CNT en 1978.
Elección del Secretario General de la CNT. 22 de abril de 1978.

El Caso Scala marcó el fin del crecimiento espectacular de la CNT y del movimiento libertario, y el inicio de su decadencia acelerada. Supuso el frenazo de una organización que crecía a ojos vista, el acentuamiento de sus divisiones y un descrédito que arrastró la organización confederal que quedó ampliamente desautorizada socialmente y prácticamente neutralizada: se consumó el gran Pacto de Estado de la Transición y de la nueva Democracia Española, sin oponentes. La monarquía democrática se consolidó con la Constitución, aprobada en referendum el 6 de diciembre de 1978.

El acoso policial, la consolidación de la monarquia democrática y el reflujo de las luchas obreras llevaron a la CNT a una seria crisis. Cerrado el periodo de luchas revolucionarias del tardofranquismo, había llegado el momento de hacer balance del largo y complicado proceso de reconstrucción y adaptarse a la nueva realidad social y política de la España de los años ochenta.

Así pues, a finales de 1979 la CNT organizaría su V Congreso y primero desde el Congreso de Zaragoza en 1936 y desde que la dictadura arrojara a la organzación a los círculos infernales de la clandestinidad y del exilio. Ya durante el periodo precongresual se hicieron evidentes las profundas divergencias que enfrentaban a los distintos grupos y tendencias que convivían en el seno de la organización. No había discrepancias en el diagnóstico de la situación por la que atravesaba la CNT y el conjunto del movimiento libertario, pero las diferencias eran muy agudas cuando se buscaban las causas y se proponían las soluciones.

Según se iba profundizando en el debate, se fueron decantando dos grandes corrientes de opinión que confluirían al Congreso para generar la primera gran escisión de la CNT desde 1933.

 Fuente: El caso Scala (página CNT) (El título de la entrada no es el original)


Anarquismo, parlamentarismo y democracia - Miguel Amorós

La democracia popular basada en clubes, secciones y asambleas entraba en contradicción con la democracia parlamentaria jacobina. El Gobierno, la Convención, las instituciones nacionales, las leyes y el sufragio, no garantizaban la libertad y la igualdad más que a las clases poseedoras. Un sector radical de los "descamisados" de París (el pueblo parisino), los "Enragés", en el manifiesto que presentó en la cámara de diputados al día siguiente de haberse votado la Constitución, el 25 de junio de 1793, afirmaría que: "La libertad no es más que un fantasma vano cuando una clase de gente puede matar de hambre a la otra impunemente. La igualdad no es más que un fantasma vano cuando el rico, gracias al monopolio, dispone del derecho a la vida y a la muerte sobre sus semejantes."

El experimento constitucional y parlamentario fracasaría debido a la fuerte oposición entre los intereses de las clases poseedoras y los de las clases populares. El "pueblo" no era más que una entelequia. En el parlamento no se manifestaba ninguna "voluntad popular" sino los intereses de la clase dominante. No podía haber libertad real sin igualdad económica y la fuente de tal desigualdad radicaba en la propiedad. "¿Qué es la propiedad? La propiedad es el robo", respondería Proudhon. Y seguía: "la libertad es igualdad, porque la libertad no existe sino en el estado social." La cuestión de la propiedad dividió a los demócratas revolucionarios y alcanzó su mayor amplitud cuando entró en escena el proletariado y los "demócratas sociales" -Marx, Proudhon y Bakunin se llamaron así--identificaron sus intereses con los de todos los oprimidos. La tan traída voluntad popular no sería otra cosa que el interés "de la inmensa mayoría", a saber, los obreros. La "democracia social" equivaldría a un régimen cuyo protagonista principal sería la clase obrera. Para unos ese régimen sería comunista. El joven Marx creía que "el comunismo era la solución al enigma de la historia." Proudhon, en cambio, rechazaba las formulaciones autoritarias de los primeros comunistas y se inclinaba por "la organización de las fuerzas económicas bajo la ley suprema del contrato", o sea, por la propiedad cooperativa o colectiva de los medios de producción de "las asociaciones obreras organizadas democráticamente" y libremente federadas. A menudo se le ha tenido poco en cuenta y le han colocado al lado de los "utópicos", cuando no le han tachado de representante del "socialismo burgués", tal como le calificara injustamente Marx en el Manifiesto. Sin embargo, Proudhon fue el primero que formuló una crítica social específicamente proletaria y a él corresponde la crítica política del sistema parlamentario burgués más incisiva, la que dio impulso al ideario obrero anarquista.

Para Proudhon la autoridad, llámese Gobierno o Estado, existente por encima de la "voluntad popular", representaba el mismo despotismo de los reyes pues "lo que hace a la realeza no es el rey, no es la herencia; es el cúmulo de los poderes; es la concentración jerárquica de todas las facultades políticas y sociales en una sola e indivisible función, que es el gobierno, esté representado por un príncipe hereditario, o bien por uno o varios mandatarios amovibles y elegidos." el fallo del sistema representativo estaba en la delegación de poderes, causa de la separación entre gobernantes y gobernados: "Hoy mismo tenemos ejemplos vivos de que la democracia más perfecta no asegura la libertad. Y no es eso todo: el pueblo rey no puede ejercer la soberanía por sí mismo; está obligado a delegarla en los encargados del poder. Que estos funcionarios sean cinco, diez, cien, mil, ¿Qué importa el número ni el nombre? Siempre será el gobierno del hombre, el imperio de la voluntad y del favoritismo." Si ningún individuo reconociera más autoridad que él mismo, si el "pueblo" entero quisiera realmente gobernar, no habría gobernados. La imposiblidad de plasmarse la voluntad del pueblo en una autoridad delegada, exterior a él, es lo que forzaba a Proudhon a declararse anarquista, partidario de la abolición de cualquier forma de autoridad y llamar "anarquía" al régimen de los hombres libres e iguales: "anarquía, ausencia de amo, de soberano, tal es la forma de gobierno a la que cada día nos acercamos." La voluntad popular solamente podía manifestarse sin mediaciones, de modo directo. El Gobierno del pueblo era una falacia; si había gobierno no había pueblo, y viceversa, si realmente un pueblo llegaba a constituirse, ejerciendo el poder directamente, sin mediaciones, el gobierno no existiría. Anarquía era el gobierno de todos, y por lo tanto, el de nadie: "La fórmula revolucionaria no puede ser ni legislación directa, ni gobierno directo, ni gobierno simplificado; la fórmula es nada de gobierno." Bakunin aportó bien poco al análisis proudhoniano. Partiendo de la premisa de que el gobierno tenía opción de ser verdaderamente popular y representativo sólo si estaba controlado por el pueblo, como dicho control era ficticio y en ningún país ha existido nunca, concluía que la libertad bajo tal régimen era irreal: "Todo el sistema del gobierno representativo es un inmenso fraude que se apoya en esta ficción: que los cuerpos legislativos y ejecutivo, elegidos en sufragio universal por el pueblo, deben o hasta pueden representar la voluntad del pueblo." Esos poderes promovían únicamente los poderes de la burguesía. El sufragio universal, dadas la desigualdad y la opresión en que se encontraba el pueblo trabajador, era una burla; votando, cada uno elegía a su patrón. Debido a su miseria, a su falta de formación, a la poca disponibilidad de tiempo, a la ausencia de información, a la inexistencia de espacios de discusión, etc., el pueblo no podía formular una opinión general y, por consiguiente no podía utilizar el sufragio universal "para la conquista de la igualdad económica. Siempre será de forma necesaria un instrumento hostil al pueblo, que de hecho apoya la dictadura de facto de la burguesía." Malatesta llegó a decir que "el derecho electoral es el derecho de renuncia a los propios derechos." El mismo razonamiento circular hay en Bakunin y Malatesta que en Proudhon: el gobierno no podía ser representativo porque la voluntad popular no podía formularse a través de él; si lo hiciera, sería representativo, pero ya no sería gobierno. La identidad entre gobernantes y gobernados, esencia verdadera de la democracia, no podía realizarse mediante un gobierno parlamentario sino mediante su abolición. Las ideas proudhonianas de autonomía obrera inspiraron a los internacionalistas durante la Comuna de París (1871). Tanto Bakunin como el mismo Marx vieron en la Comuna la democracia proletaria y la negación del Estado.

En España, país poco afectado por la revolución industrial, y por lo tanto, con un proletariado poco desarrollado, las ideas igualitarias y "socialistas" (contrarias a la propiedad privada) fueron filtradas por los movimientos radicales de la burguesía. La palabra "demócrata", en sus inicios, designaba en lo político algo parecido a anarquista. En el "Diccionario de los Políticos" (1855), del monárquico Juan Rico y Amat, se decía que "el demócrata puro es enemigo acérrimo de todo lo que se roce con el gobierno"; el demócrata confíaba en la insurrección como método para alcanzar su objetivo, la igualdad política: "Si pertenece a la medianía, nunca usa el don; siempre se nombra fulano de tal a secas: tiene gusto en tutear y dar la mano a los de la clase baja, y en los pronunciamientos, llama ciudadanos a los hombres y ciudadanas a las mugeres." Una fracción de los demócratas, los republicanos federales, trataron de conciliar el problema de la mediación entre pueblo y Estado recurriendo a la descentralización administrativa.

En palabras de Pi y Margall, traductor de Proudhon: "En la actual organización, el Estado lo administra todo; en la federación, el Estado, la Provincia y el Municipio son tres entidades igualmente autónomas, enlazadas por pactos sinalagmáticos y concretos. Tiene cada una determinada su esfera de acción por la misma índole que los intereses que representa y pueden todos moverse libremente sin que se entrechoquen." La República Federal, gobierno del pueblo soberano, no sería más que la suma federada de esos pactos. Pero para constituirse el pueblo primero tenía que romperse el Estado monárquico, de forma que sus fragmentos autónomos decidieran libremente confederarse. El partido federal, al propugnar la desmembración del Estado, se situaba contra todos los demás partidos, pero mantenía distancias con el proletariado. Creía en la armonía de las clases, respetaba la propiedad y era enemigo las huelgas y demás manifestaciones de la lucha social, por lo que apenas surgida la Asociación Internacional de Trabajadores en España perdió el apoyo de los militantes obreros. Su oportunidad histórica se esfumó con el fracaso de la Primera República, la de 1873; no obstante, la idea del municipio como célula de la sociedad libre caló tan hondo como el pensamiento de Bakunin, transmitido a los trabajadores españoles por los internacionalistas.

La distancia entre Las Cortes españolas y la realidad social fue tan enorme durante el siglo XIX que las masas populares, normalmente ajenas a la política, recibieron las ideas anarquistas con agrado. El sistema político de la Restauración basado en la alternancia de dos partidos monárquicos artificiales no hizo sino contribuir a la identificación entre política, corrupción y caciquismo. No obstante, un sector del movimiento obrero, el partido socialista, aceptó las reglas del juego y ejerció de oposición junto con las minorías republicanas, mientras al margen se desarrollaba un potente sindicalismo revolucionario. Entre 1916 y 1923 la CNT fue capaz de desarrollar una democracia obrera ajena completamente a la política y cimentada por la solidaridad de clase, a base de asambleas sindicales, plenos, conferencias y congresos, lo que alarmó tanto a las clases poseedoras que éstas procedieron a sustituir su democracia caciquil por la dictadura militar del general Primo de Rivera. La clandestinidad arruinó las posibilidades del sindicalismo revolucionario y arrastró a sus dirigentes al terreno de las conspiraciones políticas y del posibilismo. La CNT entró en ella dividida entre moderados y revolucionarios, para no aspirar más que carne de cañón en una coalición de partidos y personalidades opuestas a la dictadura y a la monarquía, que abandonadas por sus aliados, cayeron sin estrépito. La Segunda República no trató bien a los trabajadores. La posición respecto a la República y a su sistema parlamentario escindió a los anarcosindicalistas entre partidarios de una línea insurreccional y partidarios de la permanencia dentro de la legalidad republicana. Para los segundos, el abstencionismo, las alianzas políticas o incluso la participación institucional eran cuestiones tácticas, no principios. Mientras tanto, el avance del proletariado había escindido a la burguesía en dos mitades enfrentadas: una, reformista, representada por los partidos republicanos, y otra, militarista y clerical, representada por el partido radical y las derechas. Cuando la alianza derechista subió al poder -gracias a unas elecciones en las que las mujeres votaban por primera vez-- hubo de enfrentarse a dos tentativas de insurrección, que terminaron llenando las cárceles de obreros. Los anarquistas tuvieron que plantearse nuevamente las relaciones con sus enemigos de ayer, la burguesía republicana, para apartar del poder a otros mucho peores, la burguesía filofascista. Entonces renunciaron a su tradicional abstencionismo, y, aunque no llamaron a votar en febrero de 1936, tampoco llamaron a abstenerse. Entre los anarquistas se imponía una tendencia revolucionaria que consideraba la participación electoral como una táctica destinada a contrarrestar al "fascismo". Durruti lo expresó claramente con la siguiente consigna: "Estamos ante la revolución o la guerra civil. El obrero que vote y se quede tranquilamente en su casa, será un contrarrevolucionario. El obrero que no vote y se quede también en su casa, será otro contrarrevolucionario."

La cuestión principal no era el temido triunfo de las derechas, sino el fracaso electoral que las empujaría al golpe de estado. Para Durruti, el triunfo electoral de los socialistas y republicanos permitía ganar tiempo, pero solamente un movimiento revolucionario podía detenerlas de verdad: "O fascismo, o Revolución Social", tal era su conclusión. Como tanto la sublevación militar como la revolución social triunfaron a medias y se desencadenó una guerra civil quedando el proletariado aislado internacionalmente, el "antifascismo" dejó de ser una táctica antiburguesa para devenir colaboracionismo de clases. El Estado, el Gobierno, la Nación, las instituciones democráticas, las leyes, los partidos, la burguesía misma, fueron valorados de diferente manera a como habitualmente lo habían sido. El anarquismo salió profundamente alterado de la guerra civil y nunca se ha repuesto desde entonces.

El sistema parlamentario volvió a España en 1977 como prolongación de la dictadura franquista. La voluntad popular sólo podía formularse en torno a la democracia proletaria de las asambleas. Únicamente el proletariado constituido políticamente como clase en coordinadoras o consejos obreros podía encarnar el interés de la inmensa mayoría. Pero quien realmente se constituyó como nación, como "pueblo", fue la burguesía franquista. Lejos de disolver las instituciones fascistas pactó la desactivación del movimiento obrero a cambio de un espacio político para la oposición. El exilio pudo regresar sin compensaciones, siquiera morales: la oposición había firmado también un pacto de silencio: el olvido del genocidio de la posguerra civil y de los años de persecuciones y sufrimientos. El franquismo amnistiado legalizó a los partidos y sindicatos y convocó elecciones, desembarazándose de cadáveres como Las Cortes, la CNS o el Movimiento Nacional, pero guardó íntegro su aparato, que se convirtió en el aparato de la nueva "democracia". La policía, la Justicia, la Monarquía, la guardia civil, el Ejército, las diputaciones, los gobiernos civiles y militares, las capitanías, la diplomacia, la administración, los servicios secretos...; todo, absolutamente todo, permaneció intocable. Ni las elecciones ni el proceso constituyente nacido de ellas afectaron a la burocracia estatal o a la burguesía. Un partido nacido del franquismo, la UCD, capitaneó el proceso de "transición" -o pactó la "reforma"--, en suma, el devenir democrático de la dictadura, auxiliado por la oposición: ese fue el "contrato social" de la democracia española. El advenimiento de la "democracia" -las elecciones municipales, las dos cámaras, el sindicalismo de concertación, los Pactos de la Moncloa, la constitución, los estatutos de autonomía-- fue una siniestra comedia que tuvo como precio la liquidación de la democracia socialista esbozada por los trabajadores. Se representó cuando el sistema parlamentario en el mundo no subsistía más que como caricatura. El parlamentarismo español tuvo todas las miserias de los demás y ninguna de sus glorias. Todos los partidos eran partidos del orden burgués. Votar significó en su primer momento enfermar voluntariamente de amnesia y colaborar en la farsa, legitimarla, ensuciarse con la sangre de los muertos que hasta el final acompañaron al franquismo. El anarquismo necesitaba una revisión a fondo de su experiencia si quería jugar un papel en aquellas fechas cruciales. Al no hacerlo, no pudo renovar su crítica, ni concretar una táctica, y no influyó en los acontecimientos. Acabó sin enterarse de nada, convertido en una ideología autista y contemplativa, apoyada en un relato sin contradicciones de un pasado histórico mutilado. Los efectos fueron paralizadores.

La transformación de la clase obrera en masa desclasada acabó con la posibilidad de que ella misma pudiera alzarse como representante del interés general y encarnar la voluntad popular en las formas de la democracia directa que había conseguido poner en pie en las fábricas y en los barrios. El reino indiscutible del capital transformó en poco tiempo la sociedad gracias a un desarrollo acelerado de la tecnología. Las características propias de las masas, como la atomización, la movilidad frenética, el consumismo y el confinamiento en la vida privada, se acentuaron en la sociedad tecnológica, eliminando los restos de sociabilidad y potenciando el control social totalitario. Al ganar preponderancia el mercado mundial sobre los Estados, los parlamentos perdieron el escaso poder que conservaban. Ni siquiera servían para formular el interés específico de la clase dominante; este se formaba directamente en las instituciones mundiales del mercado capitalista. La mayoría parlamentaria de tal o cual partido podía introducir cambios en el espectáculo político pero en absoluto esos cambios afectaban al poder real. Los aspectos técnicos del parlamentarismo --la campaña, el recuento de papeletas, los debates televisivos, las votaciones en las cámaras, las mociones, las comisiones, etc.- habían sido conservados, pero lo que progresaba era el monólogo de la dominación, la tecnovigilancia, la erosión del derecho, la criminalización de la disidencia y la población carcelaria. En ese momento se cerraba un ciclo: los partidos dejaban de representar opciones distintas del mismo orden para no representar más que intereses particulares y de particulares, lo que bastaría para explicar la extensión del fenómeno de la corrupción política. Por su parte, el sistema parlamentario dejaba de diferenciarse de la dictadura fascista. Fascismo todo lo suave que se quiera, fascismo tecnológico, pero fascismo. En la etapa globalizadora las libertades aparentes poco a poco se ahogan en un estado de excepción y el Estado tecno-democrático se dirije hacia el Estado penal. La política del año 2000 es la del "panóptico" de Bentham o la del "Big brother", el Gran Hermano del que hablaba Orwell. En estas circunstancias la abstención es mero reflejo de la dignidad de los oprimidos. Las razones tácticas del tipo "para que no gane la derecha" no retrasan la marcha del totalitarismo, o como siempre se ha dicho, del "fascismo", sino que contribuyen a ella. Tal como estamos ahora, cuando dicen "ciudadano" hay que entender "fascista", pues quien cree en las instituciones, confía en el nuevo totalitarismo. La ciudadanía satisfecha es la base del fascismo moderno. No hay derecha ni izquierda porque no hay política. Los asuntos del poder se dirimen en otra parte, son extraparlamentarios. La lucha social también ha de serlo.

Aquellos núcleos de discusión que sobreviven o se organizan tienen sobre sus espaldas la misión de reconstruir retazos de vida pública y de democracia directa dentro de una sociedad masificada que no sean efímeros experimentos. Y a partir de ellos forjar opiniones, discutir, informar, instruir, en fin, enlazar con la memoria olvidada y las tradiciones perdidas de lucha. Es el bagaje con el que se habrán de enfrentar a la clase dominante y a su totalitarismo tecnófilo. Han de saber interpretar las cuestiones tecnológicas como problemas políticos y sociales de la mayor magnitud, pues luchan contra un régimen totalitario fascista con ropaje liberal y en los sistemas de esa clase las verdaderas cuestiones salen a escena como si fueran problemas técnicos. "La tecnología es el futuro", dicen los siervos. El anarquismo, si sabe escapar a las trampas de la ideología, será el instrumento teórico más adecuado para forjar una crítica radical de la sociedad, porque es el único ideario que ha insistido en la democracia directa como fórmula emancipatoria. Mientras que las teorías comunistas han puesto en acento en la igualdad como condición necesaria de la libertad humana, sin que la travesía por fases autoritarias las afectara, en cambio, el anarquismo ha proclamado que sin libertad no puede haber igualdad, y por consiguiente, el camino de la emancipación ha de estar fecundado por ella.

 Miquel Amorós, 9-XI-2006.


Fuente: La Haine 

Sobre las marchas de la dignidad: comunicado de las Juventudes Libertarias de Madrid


Sobran los motivos para luchar. Y desde luego no para dignificar las condiciones de explotación y sometimiento de antes de la crisis. Ni queremos paro, ni queremos vernos obligados a vender nuestro tiempo y esfuerzo para enriquecer a un empresario. No queremos mayor control sobre la clase política, ni más votaciones, ni consultas ciudadanas; queremos destruir el Poder y la Autoridad y construir la organización de la vida social y económica de abajo a arriba, de forma horizontal, a través de la libre unión y la federación de las personas para organizar conjuntamente y de forma solidaria sus vidas y dar respuestas colectivas a las problemáticas que surjan en nuestro día a día. No queremos una tibia igualdad política, como concepto abstracto: luchamos por la igualdad económica y social, por la destrucción de las clases sociales que se cimientan sobre el robo legal (la propiedad privada), creemos en la necesidad de atacar al sexismo, el racismo y cualquier forma de dominio como pilares del Estado y el Capital.

Igual que aspiramos a eso, empezamos desde nuestra propia lucha diaria a intentar funcionar tal y como queremos: sin líderes, ni jerarquías, mediante la acción directa de los propios implicados en las luchas sin delegar en nadie (ni jueces, ni políticos, ni liberados sindicales, ni policías) desde la solidaridad y el apoyo mutuo como base. 

Por eso nos asquea tanto ver aspirantes a líderes de masas, como el Alcalde Gordillo o el liberado Cañamero darse baños de masas y chupar cámaras. ¿Qué hace un Alcalde, que participa en la estructura del Estado que sirve para mantener el orden establecido y que ostenta un cargo de poder, o un liberado sindical, que participa en el sistema de delegación que ha destruido al movimiento obrero a través del voto en elecciones sindicales, comandando luchas? La respuesta es sencilla: carrera política. Para ellos y sus seguidores, solo podemos decirles, que como anarquistas, nos negamos a ser partícipes del colorido de siglas que marchen al son de sus intereses.

No nos importa la masividad de una protesta donde prima el espectáculo y el salir en la tele, donde partidos políticos y sindicatos disfrazados de alternativos dan colorido a un carnaval que disfraza la lucha, para pescar adeptos y conseguir rédito electoral. Lucharemos contra el Estado y el Capital como origen de las injusticias y las desigualdades, y lucharemos contra sus gestores y CONTRA LOS APIRANTES a gestionar un capitalismo y un dominio autoritario más tibio y difuminado.


¡Organízate y lucha sin líderes ni jerarquías!

¡Contra toda autoridad! ¡Por la anarquía!


domingo, 16 de marzo de 2014

La Sociedad Dividida en Clases

El capitalismo es un sistema social que se fundamenta en la división clasista de la sociedad, es decir, en el establecimiento de clases sociales que se distribuyen diferenciadamente la riqueza y las posibilidades de influir en la toma de decisiones de toda la sociedad.
 

Las clases sociales son grupos de personas que comparten una misma posición en la estructura social. Esta posición les otorga posibilidades y limitantes, necesidades y anhelos particulares, y si bien no existe la completa determinación de las personas a partir de su clase social, claramente no es lo mismo “nacer en cuna” de oro que “nacer sin cuna”. 

Dicho de otro modo, las condicionantes estructurales de cada clase social influyen directamente en las características de las personas que componen dicha clase, haciendo que posean intereses y necesidades similares e incluso semejanzas en las visiones de mundo y opiniones sobre diversos temas. 

En el sistema capitalista la estructura de clases sociales se articula en función de diversas combinaciones de las siguientes tres dimensiones sociales o grupos de variables:
 

• Condiciones Económicas (poseer o no capital, riqueza, medios).
• Condiciones Políticas (tener o no ingerencia en la toma de decisiones).
• Condiciones Culturales (visión de mundo, subjetividad, valores).

En este contexto, la riqueza y los beneficios sociales se distribuyen desigualmente entre las diferentes clases sociales y este hecho determina antagonismos y jerarquías, que abarcan casi todos los aspectos de la vida social.

Por una parte se observa la clase dominante, compuesta principalmente por grandes empresarios y la elite política, quienes acumulan gran cantidad de capital económico y poder. En el otro extremo de la balanza, se encuentra la clase explotada y oprimida, compuesta por todas/os aquellos/as que para poder subsistir, deben vender su fuerza de trabajo y emplearse en los cupos disponibles en el mercado laboral, sin gozar de riquezas ni poder.

Si bien éstas son las dos clases sociales principales (conocidas también como burguesía y proletariado), es posible distinguir otros subgrupos al interior de una sociedad, por ejemplo, pequeños/as propietarios/as, trabajadores/as independientes, profesionales y oficinistas; en definitiva todos quienes constituyen la llamada “clase media”.


Si bien es posible distinguir numerosos grupos o clases sociales al interior de una sociedad, sólo una de ellas, la clase dominante es la que se lleva prácticamente todos los privilegios y ejerce dominio sobre la sociedad entera; es decir, todos los otros grupos serán dominados y explotados por ésta. Es esta clase la que controla al Estado e impone los valores y patrones culturales dominantes, se apropia de la mayor parte de la riqueza social y legitima su dominio a través de las leyes, los medios de comunicación y el sistema escolar.

En cuanto a la dinámica del capitalismo, éste siempre se encuentra en movimiento y conflicto, específicamente, el conflicto entre grupos y subgrupos sociales se denomina lucha de clases, es decir, donde distintos grupos se enfrentan para defender sus propios intereses. Los empresarios se esfuerzan por aumentar sus ganancias, mientras que las y los trabajadores/ as, con distintos niveles de organización y éxito, intentan mejorar sus condiciones de vida.

Las clases sociales nunca son completamente homogéneas, por lo que a la lucha de clases, es necesario agregar roces y conflictos al interior de cada clase, es decir, como un eterno movimiento de intereses y posiciones sociales. Estos conflictos pueden tener su origen en diferencias económicas o políticas, pero además influidas por factores culturales, religiosos, étnicos, territoriales, etc.

Los conflictos producidos por el capitalismo no sólo se expresan en lo económico, sino también en lo político y en lo cultural. No sólo se explota a las y los trabajadores/as, sino que además se intenta moldear a cada individuo como sujeto funcional y pasivo, es decir, que no cuestione el orden social, sino más bien, que lo legitimen y reproduzcan cotidianamente. 

En este sentido, el capitalismo ha perfeccionado diversas formas de control, dominio y represión de las voces disidentes que han ido surgiendo frente a sus injusticias y atrocidades. Entre estas herramientas, la más efectiva es el Estado.

Fragmeto extraído de Una introducción al anarquismo

lunes, 3 de marzo de 2014

Entrevista exclusiva para N&A sobre la actual situación política desde Venezuela

Dada la oportunidad de establecer comunicación a través de internet, hemos entrevistado a un contacto desde Venezuela sobre la situación que hoy vive el país, y tener así una visión un poco más allá de lo que nos ofrecen los medios burgueses de comunicación (N&A)

Cuéntanos por favor, cuándo y cómo comenzaron las jornadas de protesta en Venezuela. 

Cada 12 de febrero se celebra en Venezuela el día del estudiante, en conmemoración a la Batalla de La Victoria (1814). Este año, como todos los años, el gobierno chavista llamó a la juventud que los sigue a una concentración y actos cívico-militares en el Paseo Los Próceres de Caracas. Por su parte, la oposición de ultraderecha, encabezada por Leopoldo López y María Corina Machado, convocó a una marcha de estudiantes en el marco de lo que ellos denominaron como #LaSalida. La consigna que impusieron para esa marcha fue la exigencia de una renuncia inmediata por parte de Nicolás Maduro.

El acto del chavismo se desarrolló en total normalidad: despliegue escenográfico de alta factura, nutrida asistencia, fastuoso espectáculo. Así mismo, la marcha de la oposición se desarrolló en un clima saludable. No obstante, cuando ya los asistentes estaban retirándose hacia sus casas, grupos reducidos de jóvenes caldearon los ánimos y se dirigieron hacia las instalaciones de la Fiscalía de la nación e hicieron destrozos al edificio institucional. También prendieron fuego a algunas patrullas de policía.

Hasta entonces, las fuerzas represivas del Estado les habían dejado hacer. No obstante, cuando ya los destrozos estaban hechos y los jóvenes se retiraban hacia sus casas, hubo un despliegue represivo como hacía bastante rato no veíamos en el país. Cuerpos de la policía política (Sebin, Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional) y motorizados vestidos de civiles -vinculados a fuerzas policiales y parapoliciales-, arremetieron con balas contra los jóvenes que ya se retiraban.

En los videos grabados durante esos días, la presencia de estos funcionarios -no autorizados para el control de manifestaciones- es evidente, como es evidente que algunos de ellos dispararon contra los jóvenes. Si bien aún no se han desarrollado todas las investigaciones referentes al suceso, es de conocimiento público que las tres personas que murieron ese día fueron víctimas de las balas del Estado. Fueron policías quienes accionaron sus armas contra Bassil Dacosta, Robert Redman y Juancho Montoya. El primero, trabajador carpintero asistente a la protesta. El segundo, estudiante de una universidad privada y activista de la ultraderecha. El tercero, líder social del barrio 23 de enero, conocido como ‘Comandante Murachí’ (se encontraba en el lugar ejerciendo labores como funcionario policial).

Por supuesto, después de este evento, las protestas de la oposición se intensificaron y se tornaron cada día menos pacíficas. Y en este mismo sentido, se recrudeció el despliegue represivo del Estado. 

¿Cuáles han sido las principales fuerzas ‘opositoras’ en las protestas de las últimas semanas? ¿Qué es la MUD, cuándo y en qué contexto surge y qué papel juega en la actual movilización? 

La Mesa de la Unidad Democrática es una coalición de partidos de derecha que surgió en el año 2008 para disputarse las elecciones regionales con el PSUV (Partido Socialista Unido de Venezuela). Quizá no sería del todo correcto decir que las protestas del mes de febrero fueron encabezadas por la MUD en pleno, pues de hecho fue el ala más de ultraderecha encabezada por el partido Voluntad Popular, quien se atribuyó la convocatoria a esta campaña denominada #LaSalida. No obstante, el grueso de los manifestantes son leales a las postulaciones de la denominada MUD y se identifican con las consignas que de allí se erigen. 

¿Qué papel han desempeñado los consejos comunales en la actual situación? 

No sé qué entienden fuera por ‘Consejos Comunales’. Los Consejos Comunales pudieron en algún momento erigirse como una figura autogobernante dentro de las comunidades, pero cuando el Estado impuso sobre ella una legislación, selló con ella su muerte definitiva. Actualmente, los Consejos Comunales nada tienen que ver con la situación de protestas en Venezuela, agonizan entre el burocratismo rojo.

Llegado a este punto creo necesario aclarar que si bien estas protestas tienen un evidente carácter burgués, el descontento social es totalmente legítimo y ha minado también los estratos sociales más bajos. Las políticas de Estado que ha desarrollado el gobierno chavista han devenido en potes de humo, experiencias que comienzan plenas de promesas y se van quedando en el camino… No hay consecución en las políticas públicas, ni evaluación ni corrección. El Estado va de fracaso en fracaso, intentando colocarle nombres cada vez más rimbombantes a las instituciones para tratar de opacar la inoperancia que las caracteriza. Por ello, te imaginarás, la base popular del chavismo también está profundamente descontenta. Sin embargo, esa base popular no atenderá a los llamados de la ultraderecha porque aboga sin dudas por la profundización de las ‘políticas socialistas’ que prometió y continúa prometiendo el discurso gubernamental. Hay en este sentido, un fenómeno de adormecimiento de la base popular que deja el camino libre para que la ultraderecha gane terreno en las calles. 

¿Quiénes son los llamados ‘tupamaros’, cómo se organizan y a qué tareas se dedican? 

Constituyen una organización política que en sus inicios estuvo vinculada con la defensa de las barriadas contra el narcotráfico y la corrupción policial. Hoy están adscritos al Gran Polo Patriótico, una coalición de partidos funcionales al gobierno chavista. El funcionamiento interno de los Tupamaros es algo que desconozco totalmente. Actualmente, se les vincula con actuaciones delictivas y parapoliciales. En el marco de estas protestas, se ha denunciado que han sido los Tupamaros quienes se han sumado -junto a fuerzas policiales- a un despliegue represivo contra zonas residenciales de las principales ciudades del país. Ellos, sin embargo, niegan esta acusación. 

¿Qué alternativas existen desde posiciones de izquierda ‘no chavista’ y qué influencia tienen en la sociedad? 

Son muy pocas, están dispersas y su influencia sobre el grueso de las comunidades es prácticamente nula. El chavismo es una fuerza hegemónica aún entre los sectores populares y eso se traduce en una desmovilización rotunda. Puedo referirte con mediana precisión la alternativa que representa el Partido Socialismo y Libertad. A través de CCura (Corriente Clasista Autónoma y Revolucionaria de Trabajadores), se han consolidado como una fuerza sindical importante y actualmente están convocando a un encuentro sindical, popular y estudiantil para discutir un plan de emergencia ante la crisis económica y un plan de lucha. Fuera de la dinámica de los partidos políticos, los movimientos populares de izquierda ‘no chavistas’ son muy escasos, por no decir inexistentes. Hay experiencias que integran diversas perspectivas en su seno, pero ninguna de ellas puede decirse que represente una alternativa con influencia notoria en la sociedad. 

¿Qué diferencias y similitudes pueden establecerse entre la crisis que desató el golpe de Estado de Abril de 2002 con este aparente intento golpista de Febrero de 2014? 

En el año 2002, el paro convocado por sectores empresariales sumió al país en una crisis de gobernabilidad. Fue algo que todos palpamos en nuestro día a día: comercios cerrados, paralización de la distribución del gas, de la gasolina… Y protestas encabezadas por sectores de la ultraderecha. El clima social y político era sumamente tenso a lo interno y también en lo referente a las relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Sin embargo, la base popular del chavismo era muy sólida. Entonces la mayoría de nosotros pensaba que realmente podríamos avanzar hacia la construcción de un modelo económico y político alternativo al capitalista. Por eso, cuando desde Miraflores se dijo “Hay un golpe de Estado en marcha, hay que defender la revolución”, la mayoría no dudó en salir a la calle y defender con sus pechos el palacio presidencial. Las pocas horas que duró el golpe de Estado encabezado por el presidente de Fedecámaras, Carmona Estanga, dieron al traste con las garantías constitucionales y se destituyeron a todas las autoridades electas por votación popular. La persecución estuvo a la orden del día. No obstante, el 13 de Abril de 2002, el pueblo logró ejercer presión sobre una cúpula militar y que estos se aprestaran a rehacer el hilo constitucional. Lo que permitió que se fraguara ese golpe de Estado fue el poderío inmenso que entonces tenía Fedecámaras sobre los sectores productivos del país, incluyendo fundamentalmente a la industria petrolera y a su vez, el papel funcional al golpe que cumplieron entonces todos los medios de comunicación privados.

De allí en más, se fue consolidando un nuevo panorama: Con la industria petrolera en manos ‘más confiables’, el nacimiento de la Unión Nacional de Trabajadores, central sindical funcional a los intereses del gobierno chavista, y la consecuente profundización de la hegemonía comunicacional, el chavismo se hizo más fuerte. Y sin embargo, cada vez que ha querido reagrupar las fuerzas de su base popular, ha apelado al grito de “¡Hay un intento de golpe de Estado!”. Ese grito, sostenido por el despliegue de los medios de comunicación y una propaganda que apela a la manipulación de los lazos emocionales que une a las mayorías con la memoria del difunto Hugo Chávez, ha intentado esta vez encender nuevamente las alarmas. Sin embargo, la base popular del chavismo ya no es la misma y además percibe que en la cúpula del poder, militares y empresarios se dan la mano. De hecho, en estos últimos días hemos sido testigos de una concertación entre Lorenzo Mendoza, principal magnate, y portavoces del gobierno chavista. Con esta concertación, se desmiente plenamente la tesis del ‘golpe de Estado’. 

¿Cuándo hay elecciones nuevamente en Venezuela y de qué tipo? 

Las próximas elecciones serán el año próximo (2015). Corresponderá escoger a los diputados a la Asamblea Nacional. Dado el historial reciente del chavismo en lo que refiere a las elecciones, el margen de diferencia se hace cada vez más estrecho y cada vez es mayor la posibilidad de algún revés que vuelva a posicionar a la ultraderecha como una fuerza ya no minoritaria. 

¿Cómo está el panorama ahora mismo? 

Las protestas de la oposición, devenidas en ‘guarimbas’ revelan una torpeza política por parte de ese sector de la ultraderecha. Se desgastan en acciones violentas que sólo ganan destrozos en las zonas que habitan y enemistades entre vecinos. No han logrado trascender la consigna impuesta por Voluntad Popular sobre #LaSalida del presidente Maduro. Las investigaciones sobre los sucesos del 12F y posteriores, han arrojado un saldo de varios funcionarios policiales destituidos y otros enjuiciados. Sin embargo, restan aún muchas denuncias sobre casos de violaciones a los derechos humanos que no han sido atendidas plenamente por el Estado. Las acusaciones que pesan sobre los grupos parapoliciales no han sido objeto de revisión alguna. Los colectivos aparentemente armados se presentan desde el gobierno como víctimas de una criminalización impuesta por la propaganda internacional. La concertación por ‘La Paz’, propuesta desde el gobierno, no ha logrado integrar a los principales voceros de la MUD. Sin embargo, sí ha sumado la participación activa de Lorenzo Mendoza, mayor fuerza dentro del empresariado privado. Este magnate ha elevado algunas exigencias al gobierno y en los próximos días seremos testigos de la receptividad que logren conseguir entre la cúpula militar-empresarial que gobierna Venezuela.

3 de Marzo 2014