¿Por qué el bacheletismo está retomando la detención por sospecha del pinochetismo?

Con la consecución del retorno de la detención por sospecha, la clase dominante representada en el bacheletismo y el parlamento, se prepara para tiempos de guerra contra los oprimidos y explotados. La clase media que ayer protestó contra la «ley hinzpeter», hoy es artífice y cómplice de la política represiva que se fortalecerá con la detención por sospecha contra todo aquel que parezca una amenaza o que cuestione el injusto desorden dominante. Al respecto, Miguel Amorós nos facilita algunos apuntes que, a pesar de estar escritos hace un par de años y en otro contexto, de todas formas nos sirven para ahondar más en el actual proceso de reestructuración de la política represiva del Estado chileno. 

«Cuando la clase dominante entra en conflicto con la democracia parlamentaria formal tratará de salir mediante leyes de excepción y estados de sitio encubiertos, como ha venido haciendo hasta ahora. Esa es la verdadera función de la clase política y la burocracia obrerista en momentos de crisis aguda. La clase política o Partido del Estado está para hacer innecesario el siempre arriesgado recurso al golpe militar o al fascismo, pues ella ha de bastarse y sobrarse para hacer de gendarme del capital mundial manteniendo las mínimas apariencias de legitimidad parlamentaria. Conviene repetir que las clases medias no constituyen exactamente una clase, sino un agregado variopinto de fragmentos sociales, maleable y versátil, por lo que están condenadas a seguir siendo hasta el fin una herramienta del capitalismo. No pueden escapar a las alianzas de emergencia con la clase dominante, puesto que necesitan una “dirección” y no hay otra clase capaz de dársela. Por otra parte, las clases medias temen más a la anarquía popular, a la violencia de masas, al anticapitalismo o al desmantelamiento del Estado, que a los impuestos, a los recortes o a las privatizaciones. Están irritadas con los políticos, con el parlamento y con el gobierno, pero todavía creen en los jueces, en la prensa, en los funcionarios y las ONGs, en la sanidad y la enseñanza públicas, en la ciencia y el progreso. Están sentadas sobre dos sillas inestables, pero ante una alternativa demasiado pronunciada se aferrarán a los tópicos ciudadanistas del orden antes que aventurarse por los inciertos caminos de la revolución social. No será así en todos los casos, pero sí en la mayoría. Al menos en un principio, cuando la clase dominante y el sistema partitocrático tengan las de ganar. Su papel histórico es subalterno, nunca determinante. El sujeto subversivo no surgirá de ellas, ni encontrará en ellas sus ilusiones y su ser. Hemos apuntado la posibilidad de que de la plena descomposición del capitalismo pueda emerger una clase “peligrosa” dispuesta a cambiar la sociedad de arriba abajo y a eliminar el régimen político imperante. Esta clase negativa habrá de rechazar la ideología ciudadanista tanto como la política profesional mistificadora que hacen los partidos, pues su condición de existencia impone una estrategia disolvente y un proceder independiente e igualitario. Si eso llega a suceder, la cuestión de la clase media se resolverá por sí sola».*

*Fragmento tomado de «Clase Media, Partitocracia y Fascismo» Por Miguel Amorós. Para leer el artículo completo pueden hacer clic aquí. 

El partido del Estado - Miguel Amorós (1998)

«Quien es causa del poder de otro, lo es de su propia ruina» Maquiavelo

Un fantasma pena por el mundo al acecho de los vivos; el fantasma del Estado. La pregunta sobre su naturaleza ha dejado de ser la cuestión central de nuestra época. Vencido el segundo asalto proletario contra la sociedad de clases, los intereses estatales se supeditan a los del Capital y la iniciativa pasa definitivamente a las finanzas. En efecto, la Bolsa ha disuelto fronteras, y en todas partes, el holding, el trust, la multinacional, pasan pon encima de las instancias políticas y administrativas. Los diputados, los líderes sindicales, los intelectuales, los ministros, etc., ceden paso a los mánagers, a los expertos, al marketing. El principio de competitividad se impone sobre el principio de organización y el Estado se doblega ante la supremacía del Mercado. El poder real se manifiesta poco en la actuación administrativa y en la política cotidiana, porque ya no está en manos del funcionariado. El poder, en su crecimiento, se escapa del Estado. El progreso de la burocratización se ha detenido y, de nuevo, Estado y Capital, burócratas y financieros, son realidades separadas. En contraste con la evolución de los últimos cincuenta años, la tendencia histórica actual se dirige en el sentido de la pérdida progresiva de hegemonía del Estado.

La sociedad nacida tras la Segunda Guerra Mundial –en España, treinta años más tarde– basada en la integración política y social de los trabajadores, representados por los partidos y sindicatos, condujo a la parálisis de toda acción proletaria verdadera; la masa obrera, al beneficiarse de mejores condiciones de vida y de trabajo, rehusaba jugar el papel revolucionario que le atribuían, consolidándose un sistema político burocrático diferente, donde la carrera por el control total de la sociedad impelía al Estado, al aumento considerable de los gastos sociales. Ahora, la progresiva retirada del Estado de diversos sectores de la vida social como comunicaciones, transportes, sanidad, vivienda, enseñanza, etc., cuya apropiación en el curso de los últimos cincuenta o sesenta años fue defendida en tanto que servicio público, preocupa a políticos, intelectuales, funcionarios, y, en general, a quienes viven de su administración material o moral; el desasosiego que les causa la renuncia del Estado a representar el interés público está de sobras justificado, puesto que les coloca en mala posición como clase intermediaria que vive de representar dicho interés al menudeo, es decir, como clase al servicio del Estado, como burocracia, y pone en peligro sus lugares de trabajo. El que los mercados financieros internacionales determinen ahora ese interés y no los pactos políticos resultantes del equilibrio local entre fuerzas, implicará a medio plazo la liquidación de una parte de la burocracia estatal y el reciclaje del resto, principalmente en la dirección penal y asistencial. Al sufrimiento burocrático consiguiente se le denomina crisis de la política.

La primera fase de este proceso, la domesticación de los trabajadores mediante la extensión de la precariedad y la creación de un mercado de trabajo volátil abandonado por los sindicatos, fue la creación de un partido del orden unificado, a derecha y a izquierda, plasmación de la alianza conjunta entre Estado y Capital. La ficción del interés público –a veces orden público– necesaria hasta hoy mismo, se vuelve inútil al final, cuando triunfa el Mercado, la reunión de los intereses privados por excelencia, y la diferencia entre la administración del Estado y la de las empresas deja de existir. La actuación de un político, de un funcionario, del propio Estado, está en adelante sujeta a valoraciones traducibles en términos económicos (sale barata o cara, se gana o se pierde, es rentable o deficitaria, etc.). Y puestos en ese terreno, todo lo que hace un burócrata, lo puede hacer un empresario con mejores resultados. No es el fin de lo público, es el fin de la separación entre lo público y lo privado. Es la generalización del principio de competencia capitalista, un verdadero golpe contra el Estado, el paso de la explotación mediatizada a la explotación sin intermediarios, que inaugura obligatoriamente una fase de desburocratización parcial, o como la llaman los afectados, de desregularización.

Sucede que la gestión de las necesidades de la sociedad de masas es cada vez más complicada, más ineficaz y, sobretodo, más costosa. El Estado ha fracasado en la tarea de tallarse una sociedad a su medida y no puede huir hacia adelante, extendiéndose más allá de lo que puede controlar, sin agotar los medios económicos a su disposición. Toda intervención estatal necesita ser financiada y el Estado no puede endeudarse más allá de un cierto límite sin verse en bancarrota. La burocracia política pierde capacidad de maniobra y el Estado pierde el respaldo de sus principales acreedores, que le desposeen poco a poco de sus atributos, incluido el que constituyó siempre su mayor justificación, el monopolio de la violencia. En el modelo social americano, que soluciona el problema del paro y la marginación no sólo con ETTs y asistentes sino con carceleros, la gestión de las prisiones está pasando a empresas y se desarrolla el próspero sector de la policía privada. En el modelo ruso, las diversas mafias compiten ventajosamente con la fuerza institucionalizada en el ejercicio de la protección. El Estado había evolucionado en los últimos tiempos privilegiando la seguridad, pero ésta no ha mejorado con la expansión de aquél, de modo que, el resultado (el caos, la catástrofe), ineluctable ahora, sale menos gravoso sin gestores y es objeto de la iniciativa privada. En un mundo realmente caótico, el Estado aparece como la forma burocrática del desorden. En la lógica de la dominación, es ahora el Mercado y no el Estado quien ha de gobernar.

El Estado es una forma de dominación todavía política que va a transformarse en una forma particular de Capital gracias al recurso de métodos empresariales. La autonomía de las finanzas internacionales ha bloqueado el proceso de fusión de la burocracia privada de los ejecutivos con la burocracia estatal de los funcionarios y políticos, proceso sobre el que se asentaba el llamado «estado de bienestar» –que en España equivaldría al franquismo más la reforma política–, liquidando de un mismo movimiento todas las apariencias estatales de independencia, y eso es el centro de la cuestión. Y no es que la burocracia estatal no necesite marcar sus diferencias con los poderes financieros, es que no puede, ya que la razón de Estado se ha convertido íntegramente en razón de Mercado. La razón de Estado había sido hasta hoy el eje de toda la política contemporánea, debido a la necesidad de Estado que ha tenido la clase dominante para afianzar su supremacía. Por entonces ello supuso el condicionamiento de la acción política al objetivo único de la conservación del Estado. De esta forma el interés público fue identificado con el interés del Estado, y por ende, con el del poder dominante, primando sobre cualquier otro interés y justificando cualquier medio empleado. A diferencia de la razón de Estado totalitario, que de la ideología hacía Estado, la moderna razón hizo del Estado ideología. Al no haber autoridad por encima del Estado, la política perdió su cobertura ideológica y entonces recurrió a la necesidad económica, encarnación moderna del destino. La economía ha sido el límite ideológico del Estado que ahora se vuelve real.

El Estado como forma exclusiva de dominación al servicio de unos intereses ha entrado en crisis, y de ahora en adelante, toda crisis tendrá el efecto de acelerar el proceso globalizador de la economía. Finalmente, la dominación era un problema técnico, un problema que las tecnologías de la información resuelven sin pasar por la maquinaria del Estado, lo cual no es reflejo de una descentralización en la toma de decisiones sino, al contrario, de una centralización de nuevo tipo, porque mientras la burocracia se disuelve en el ciberespacio, el centro se ha virtualizado pero no ha desaparecido. El umbilicus mundi ha subido al cielo. La esencia del poder es de este modo casi inaprehensible, ya que éste no reside en un sólo país o en unas cuantas capitales sino que, gracias a las nuevas tecnologías, está en todas partes y en ninguna a la vez. Los dirigentes máximos habitan una metaciudad atravesada por autopistas electrónicas por donde circulan los capitales: un espejismo gobierna el mundo.

La mundialización no es solamente una simple amplificación y aceleración de la internacionalización de los intercambios comerciales, es la proclamación de la autonomía total y del dominio del capital financiero sobre el capital industrial y el Estado. Significa, entre otras cosas, la redefinición de la división internacional del trabajo, el fin del trabajo asalariado como forma de inserción social y el fin del control estatal del capital privado. O en otras palabras, el fin de la clase obrera, la imposibilidad de un capitalismo nacional, la liquidación del Estado–nación. El proceso ya se había desarrollado en el periodo histórico anterior, el de la hegemonía de las dos superpotencias, EE.UU. y la URSS, que eran dos Estados mundiales. El camino de la mundialización conduce a la disminución del peso específico de los partidos y de los parlamentos, «del poder de decisión de la ciudadanía» como dice el vocero europeo de la burocracia bienpensante Le Monde Diplomatique, que ante sus feligreses promueve una resurrección del espíritu nacional y un culto sin disimulos al Estado. Se clama por una unión sagrada entre partidos de izquierda apoyada por los sindicatos y las asociaciones y se ensalza la punta de lanza de esa unión: la masa de funcionarios de a pie, bautizada como «mano izquierda del Estado», y sus mandos, o «petite noblesse d’Etat». La conversión de estalinistas y ecologistas a este nacionalismo de circunstancias es un hecho. Paradójicamente, el nuevo nacionalismo de Estado ha de librar batalla en el campo supranacional. A una internacional de los financieros ha de oponer una internacional de la burocracia: eso es el partido del Estado.

Los ideólogos extremistas del partido del Estado pretenden una federación de Estados que implicaría una especie de Estado europeo, y por de pronto, reivindican que las naciones transfieran poder al parlamento europeo y que éste reciba el mandato de las políticas «nacionales». También reclaman «un espacio público europeo que permita a los ciudadanos participar en la edificación de la Unión» (Le Monde Diplomatique, marzo de 1996). Pero la Unión Europea no es una federación sino un mercado, por lo que el parlamento europeo no es más que una instancia secundaria, un adorno, los parlamentos nacionales no tienen poder real que transferir, las políticas nacionales no existen y el terreno político europeo se halla hipertrofiado con toda clase de asociaciones, como el Forum Cívico Europeo, las Conferencias interciudadanas europeas, el Comité Europeo por el respeto de las Culturas y de las Lenguas, el Foro Europeo de la Juventud, organizaciones diversas, sindicales, de enseñantes, de investigadores, etc., verdaderos viveros no gubernamentales de burócratas de todo pelo. Tras esa «utopía» estatalista se esconde en realidad el deseo de ampliar la base internacional del partido, de crear una nueva zona de mediación interestatal, con asociaciones y organismos subvencionados no necesariamente útiles, pero que creen empleos para la «ciudadanía» de aspirantes a dirigentes.

El partido del Estado es la idea madre de la intelectualidad estatista, ansiosa por inventar un nuevo discurso políticamente correcto más allá de las habituales coartadas pacifistas, feministas o ecologistas. Pero en el plano de la acción, la burocracia política es incapaz de una coalición internacional que sea otra cosa que un club del estilo de la Internacional socialista, debido a la disparidad de intereses de sus componentes, y difícilmente forma una a escala nacional. Pero por encima de todo, la burocracia es incapaz de oponerse seriamente a las causas profundas de la mundialización, porque sólo cree en el poder y éste ya no reside en el Estado. Así pues, con la totalidad del discurso panestatista solamente comulgan los menos «realistas», quienes identifican todavía Estado y poder, como por ejemplo los estalinistas y su cohorte de izquierdistas. Y es que los intereses de la burocracia no apuntan a un Capitalismo de Estado sino a un Estado en el Capitalismo. Como los antiguos mandarines, la burocracia es una clase que no detenta el poder sino que lo administra, que no posee nada, que no controla su reproducción y que se representa a sí misma representando a otros: al Estado, al Ciudadano, al Obrero… No ejerce función de dirigente sino de transmisor. Obedece y manda. Además, de acuerdo con la naturaleza de su mediación varían sus intereses. Por consiguiente, su partido, el partido del Estado, otrora llamado «la unidad de la Izquierda», no puede existir unificado orgánicamente, a lo sumo puede funcionar coaligado. No es un partido ideológico sino un conglomerado de intereses varios y de clientelas diversas. Cada fracción defiende sus intereses específicos y la mayoría –los socialdemócratas y los sindicatos– propugnan «terceras vías» o «nuevos centros», o sea, que se sitúan fuera de él, en un lugar indeterminado entre la estatización y el mercado global, más cerca del segundo que de la primera. Como dijo González a sus compadres italianos, «Un Olivo mundial sólo puede entenderse como una declaración de intenciones». En resumen, una internacional de la burocracia no sirve más que para cantar, el huevo se pone en otro nido. Disimulan, cada sector a su modo, el hecho flagrante de que, para poder seguir en política, el partido del Estado ha de «estar constantemente ajustando la política según la orientación de los mercados» (G. Schroder), es decir, ha de hacer exactamente lo contrario de lo que ha pregonado.

En tanto que representante de los intereses generales de la burocracia, el partido del Estado parte de los principios que la justifican, como el de la separación entre el ciudadano y la administración pública –la separación entre gobernantes y gobernados, o sea la especialización del poder– o el de la necesidad del mantenimiento permanente de aparatos policiales y ejércitos. Es un partido de orden –no conviene olvidar que el partido del Estado puede llegar a ser el partido del crimen de Estado cuando crea que el orden lo requiere– que dice defender la «justicia social» a su manera, con una gran burocracia asistencial. Sus falsos contrincantes, o lo que es lo mismo, sus verdaderos interlocutores, las fuerzas que dirigen el Mercado, el partido de la Mundialización, no son enemigos jurados de la burocracia ni pretenden abolir el Estado. Quieren simplemente someterlo a las leyes económicas y dan preferencia al desarrollo de una burocracia judicial y carcelaria, con el fin de controlar las contradicciones de la Economía. Piensan que el orden planetario puede concebirse de forma diferente a la del Estado mundial, a saber, como un espacio sometido a la Economía incontrolada y vigilado por un Estado gendarme. Entonces, partidarios también del Estado hasta cierto punto, no solamente no combaten al partido del Estado, partidario del mercado global también hasta cierto punto, sino que frecuentemente se sirven de él para imponer sus planes sin despertar resistencias que les inquieten, puesto que se ha de favorecer al máximo la adaptación de las estructuras productivas locales al mercado mundial autoorganizado y el descontento generado ha de adoptar formas inocuas y perseguir fines irrelevantes, tareas ambas que hasta hoy constituían la misión histórica de dicho partido: en Europa han sido llevadas a cabo mayormente por gobiernos socialistas, normalmente con apoyo estalinista. No es nada extraño entonces que entre las distintas esferas de poder haya una cierta permeabilidad y que los dirigentes circulen por ellas, como lo demuestra la buena acogida que reciben en los círculos empresariales o el paso cada vez más extendido de la política a los negocios; diríase que, siendo la política algo subalterno, un dirigente llega a la madurez cuando la deja.

El partido del Estado se quiere constituir cuando el trabajo contrarrevolucionario del Estado y de sus partidarios se está acabando. La posibilidad de verdaderos movimientos sociales que atacan las bases de la miseria y de la opresión, discuten sobre la reorganización social y formulan proyectos de emancipación humana se ha vuelto irreal; solamente se dan movimientos de supervivencia perfectamente controlables. El partido del Estado, en su etapa actual, no significa un obstáculo para la economía, antes al contrario, es el partido de la economía. Como dijo un significado experto, «sin el Estado no se puede hacer nada». Todavía tiene que dirigir el proceso globalizador, tal como demuestran los ascensos de Blair, Jospin, D’Alema… Todavía ha de realizar la tarea de su antagonista, a saber, la de desmantelar el Estado. Así pues, el partido del Estado se bate por su última tarea, la de preparar la transición hacia un orden mundial en el que ya no será necesario.

Cuando la sociedad funciona a través de una fuerza organizada y separada que recauda impuestos, decreta normas y las hace cumplir, estamos ante un hecho político singular, el Estado. No es una realidad intemporal, tiene fecha de nacimiento y también de caducidad. Como acertadamente dice Bakunin, el Estado es una forma histórica de sociedad, y como tal, perecedera: “Es la autoridad, es la fuerza, es la ostentación y la infatuación de la fuerza.” En efecto, el poder –la autoridad que confiere el monopolio de la fuerza– es el elemento clave del Estado y la razón última de su ser. A diferencia del antiguo, el Estado moderno –después de que Maquiavelo revelara su verdad íntima– no necesita razones divinas para explicarse, se justifica por sí mismo, él mismo es su propia finalidad. A eso llamaron la Razón de Estado. Sin embargo dicho Estado ordena una sociedad dividida, donde a lo largo de la reciente etapa histórica, una actividad específica, la economía, se ha vuelto independiente y ha acabado por dominar el resto de actividades sociales, particularmente la política, es decir, el ejercicio del poder. La clase dominante, la burguesía, es la clase que controla la economía. Lo económico es cada vez más infraestructura y superestructura pues lo político ha perdido toda su autonomía: la Razón de Estado se ha convertido en Razón de Mercado. Más adelante, en una etapa posterior, cuando los gobiernos establezcan el desarrollo económico como directriz absoluta de la política estatal, el Estado, que ha perdido su carácter político a nivel nacional, da un paso adelante en su dependencia económica y de instrumento exclusivo de dominación de una burguesía local cualquiera pasa a obedecer los designios de la elite corporativa internacional. Las relaciones interestatales dejan también de ser estrictamente políticas. A semejanza del planteamiento de Hobbes, una nueva teoría capitalista del Estado se fundaría en un contrato de sumisión ideal por el cual los individuos con derecho a voto (o ciudadanos) renuncian a sus derechos políticos en la medida que traban la libre desenvoltura de las finanzas internacionales. Algunos detalles parecen corroborarlo, como determinadas medidas de orden público y de reforma financiera, y, sobre todo, las cláusulas relativas al déficit presupuestario y al pago de la deuda estatal incluidas no hace mucho en el ordenamiento jurídico constitucional. Desde entonces los individuos, que ya no existían “de facto” como seres independientes frente a los mercados nacionales, dejan de hacerlo legalmente, porque han traspasado “de jure” –o lo han hecho otros en su nombre– su libertad al Mercado mundial.

Desde que el desarrollismo es ley, Estado y Capital dejaron de ser realidades distintas. Interés público e interés privado económico coincidieron en apariencia. El código mercantil pasó a ser la fuente principal de derecho civil. Esa nueva racionalidad desencadenó una reorganización de las fuerzas económicas de tal magnitud que pusieron fin a la democracia típicamente liberal, al Estado-Nación y al capitalismo nacional. Se dieron entonces las condiciones de una separación radical entre producción y finanzas, que se concretó en una deslocalización productiva, una circulación plenamente libre de capitales y una expansión unilateral del crédito (y del riesgo financiero) a escala mundial. La mundialización tuvo profundas consecuencias: la supresión de barreras a la especulación, la desregulación del mercado laboral, la corrupción del sistema de partidos, la pérdida de influencia de los sindicatos, la atomización y dispersión del proletariado, la liquidación definitiva de la agricultura no industrial, la decadencia de las clases medias, el endeudamiento institucional y social… En una primera fase que podríamos calificar de neoliberal, el periodo eufórico de las burbujas inmobiliarias, tecnológicas y, en general, financieras, el papel del Estado tendía a reducirse al mínimo. El Estado había perdido su función mediadora entre la sociedad y los mercados, por lo que sus servicios habían dejado de ser necesarios. El Estado se justificaba exclusivamente por la Economía, esfera adonde se había desplazado el poder: tenía que estar a su servicio. La sociedad globalizada requería pues un desmantelamiento del Estado en todos los sectores ajenos a la defensa de la violencia económica, pero el Estado mínimo no es un Estado fantasma, sino un Estado policía. Es bien sabido que la libertad económica se lleva mal con las libertades sociales, pero ahora incluso con el espectáculo de la libertad. Las medidas disuasorias dominaron pues sobre las preventivas. La desregulación de los mercados, la contaminación o el agujero en la capa de ozono no implicaban un desarrollo de los medios de control social tradicionales puesto que la prevención y el garantismo resultaban caros, sino solamente el incremento de los mecanismos de choque, especialmente las fuerzas de intervención rápida, los programas de evacuación, los centros de detención de indocumentados y el armamento antialgaradas. El Estado policía ya no podía permitirse un adiestramiento positivo de la población bajo condiciones de supervivencia cada vez más extremas y tenía que habituarse a la contención y la concentración. El Estado policía no es un Estado de derecho al margen de la economía, sino un Estado de excepción donde la ley deroga todas las garantías jurídicas que obstaculicen el dominio absoluto de la economía. Imperio de la ley sí, pero de la ley de los mercados. La libertad de las personas es sólo un subproducto degradado de la libre circulación de los capitales.

El Estado-Nación, sin embargo, no se disolvió sino idealmente, sobre el papel. En Francia la industria nuclear, terreno en el que un cierto interés nacional de clase puede formarse, impedía esa disolución, y, en el resto de estados, precisamente la desaparición de ese interés desempeñaba el mismo papel. Los tejemanejes de la economía real y los fondos europeos los Estados proporcionaron suficiente efectivo para conservar e incluso agrandar el aparato político-burocrático, dando lugar a una patrimonialización partidista de la cosa pública favorecida por una Ley de Transparencia ausente. Así pues, la “clase” política estableció alianzas con los principales grupos de poder económico: los bancos, las grandes constructoras, las eléctricas, las grandes compañías del gas y el petróleo, las multinacionales del transporte y la distribución… El resultado fue que los Estados no defendían intereses económicos generales sino intereses particulares. Puede que los organismos directores de la economía global tales como el Tesoro americano, el FMI, la OMC, la Comisión Europea, el BCE, etc., dictaran orientaciones, pero no suplantaban a la oligarquía nacional político-burguesa: el Estado se debía antes a las corporaciones que trataban con él a través de su propia clase política y esa prioridad determinó una globalización más caótica de lo que cabía esperar. Es más, cuando la crisis ecológica se vio reforzada por el fenómeno del calentamiento global y el aumento exponencial de la demanda energética, reorientando los mercados capitalistas hacia el negocio verde, la función de conciliar la ecología con la globalización fue otorgada por sucesivas “Cumbres de la Tierra” al Estado. El ambientalismo se convirtió en una fe política, con dogmas, íconos y soluciones sencillas “de mercado” para todos los problemas. Tras ellas el Estado tuvo que encargarse de poner en marcha los dispositivos locales de los nuevos mercados mundiales de la descontaminación, la descarbonización y de la energía, responsabilizándose de los residuos y subvencionando los sectores insuficientemente rentables como el de los agrocombustibles o el de las renovables industriales. La etapa del “desarrollo sostenible”, la que correspondía a la valorización del territorio, devolvió protagonismo al Estado en tanto que promotor y legislador de la “sostenibilidad”, nueva propiedad de la acumulación de capitales, pero sobre todo, como Estado inversor, costeando las infraestructuras, a menudo innecesarias, como megapuertos, aeropuertos, trenes de alta velocidad y autopistas, fruto de la megalomanía dirigente combinada con el interés privado y la corrupción política. El desarrollismo es una constante huida hacia delante y toda huida capitalista hacia delante ha de ser tutelada y financiada por el Estado. Cuando el coste es ruinoso se le llama crisis.

Las crisis ponen cada cosa en su sitio. La verdadera naturaleza del sistema queda al descubierto y el lado ficticio del dinero y del crédito se hace patente cuando el descontrol financiero y estatal sobrepasa los límites. La relación Estado/Economía tiende a invertirse: a fin de cuentas el Estado puede existir sin capitalismo pero el capitalismo jamás subsistirá sin el Estado. Cuando el Estado es amenazado por la Economía se descubre que en realidad la Economía depende del Estado. El Estado, o sea, la fuerza (y la autoridad que ésta confiere), es en último extremo su único baluarte. El valor, el factor abstracto convencional que fundamenta el capitalismo, no tiene otro asidero más seguro. La globalización ha acarreado un capitalismo de Estado. Efectivamente, el capital no es una acumulación de objetos, conocimientos y medios, sino una relación social mediatizada por todos ellos, pero cuando por ejemplo, un enorme agujero crediticio, o una gigantesca acumulación de activos ficticios, o el agotamiento previsible del petróleo, quiebran esa relación con más eficacia que una insurrección popular, solamente la fuerza estatal puede recomponerla y asegurarla. Las crisis, al señalar el Estado como tabla de salvación, le transfieren el poder que los mercados le habían arrebatado. El Estado se convierte en el gran interlocutor, no porque haya recuperado sus antiguas funciones políticas, sino porque se ha puesto realmente al servicio del interés general económico: se ha vuelto economista. La autoridad estatal sustituye en el tajo a la pretendida autorregulación de las finanzas incontroladas. El nivel de endeudamiento condiciona por supuesto su libertad de movimientos puesto que sus acreedores ante todo han de asegurarse el reembolso de los préstamos y el pago de intereses; pero la gravedad de las crisis, es decir, la amenaza del colapso económico, amplía los márgenes de actuación. El salvador ha de ser salvado previamente si las circunstancias lo requieren.

El Estado parece ser la respuesta a todas las cuestiones sociales y el amigo de todas las clases. Los bancos y los Gobiernos autonómicos recurren al Estado para ser intervenidos; los empresarios apelan al Estado en demanda de liquidez; los funcionarios le exigen moderar los ajustes; los sindicatos mendigan empleos, los comerciantes, rebajas de impuestos; e igualmente se dirigen al Estado los pensionistas, los inmigrantes, los mineros, los compradores de productos financieros tóxicos, los fabricantes de placas solares…, cada cual con sus problemas particulares. Ya no se ocupan los lugares de trabajo, ni ocurren manifestaciones en los barrios; se viaja a la capital para llamar la atención del Gobierno, o en su detrimento, del ministerio correspondiente, con la esperanza de sentarse en una mesa de negociación. Advirtiendo de su perversa y abstracta naturaleza, alguien dijo que el Estado era el mal, pero resulta que es un mal con el poder de intervenir en una sociedad paralizada. Las crisis económicas y ecológicas actuales desembocan en crisis laborales, fiscales, crediticias y asistenciales, pues la transferencia de capitales que debe colmar la deuda energética, bancaria y administrativa se efectúa a costa de la población. El Estado ha de asegurar que el proceso discurra con orden y que la destrucción definitiva de la sociedad civil no genere focos de resistencia que causen a los dirigentes problemas de consideración. El Estado lo es todo, porque sus súbditos no son nada. En esa atmósfera de temor y sumisión, la lucha de clases, lejos de reaparecer como lucha contra el Estado, se disuelve en peticiones ciudadanistas de reforma política que sitúan al Estado en el máximo nivel, por encima de todas las clases. Si, al final, todo es cuestión de poder, la correlación de fuerzas no puede ser más desfavorable para los inconscientes desposeídos. Los usurpadores de la representación popular, los autoproclamados portavoces de la ciudadanía, “los macarras de la tiranía” en palabras de Sexby, los han persuadido de prostituir su libertad para mejor entregarlos al enemigo.

Nosotros venimos llamando partido del Estado a la tendencia que propugna una conciliación entre capitalismo y parlamentarismo, a través de una fórmula que, todo y alentando el crecimiento económico y la oferta de empleos, permita un juego político menos condicionado por la economía. Para los partidarios de otro tipo de capitalismo, de un capitalismo políticamente correcto, con rostro humano, el Estado es el bien supremo. Es la llave maestra de todas las puertas que conducen a la reinvención de la democracia populista, y el motor de una nueva sociedad, capitalista por supuesto, pero mucho más receptiva a las pequeñas empresas políticas, gracias a sus canales de participación. Hablamos de un partido que se opone a la reducción del número de concejales y diputados; bien al contrario, pide la expansión de la burocracia, pues representa a las clases medias en descenso, cuyo componente más afectado es el funcionariado. Del movimiento contracumbres a los indignados del 15-M, pasando por la creación o renovación de partidos terceros a base de antiguos fragmentos estalinistas, socialdemócratas o nacionalistas, se levanta una falsa oposición que en nombre de las masas ciudadanas en precario llama al gobierno lo mismo para un roto que para un descosido. Así igual pide al Estado que aplique la tasa Tobin, que decrete la Renta Básica, reforme la ley electoral, elabore un programa decrecentista, consiga créditos para las pequeñas empresas, desoiga las recomendaciones de las autoridades monetarias o nacionalice la Banca. En resumen, que el Estado detenga, regule o simplemente negocie los plazos de la transferencia de capitales desde las clases endeudadas hacia las finanzas especulativas. Que gestione la crisis en beneficio de las clases perdedoras en el mercado mundializado, justamente lo que el Estado no puede hacer porque su misión es exactamente la contraria. El Estado no es un islote en un mar de finanzas embravecidas, sino una institución de la economía globalizada. El verdadero partido del Estado sería el de los partidarios del mercado mundial y del crédito a muerte; la elite política financiera e industrial que está al mando. En pocas palabras, los grandes partidos oficiales. Y lo que hemos llamado hasta ahora partido del Estado, sería mejor el partido del Estado nodriza, una especie de Partido Nacional que reclamaría para el Estado funciones dirigentes propias de la etapa preglobalizante. Partido pues de la burocratización intensiva, del presupuesto hinchado y de la deuda estatal, del mercado nacional, del empleo subvencionado, sin otra finalidad que la reconstrucción de la influencia perdida de una casta populista que ha servido bien a la dominación hasta la irrupción brutal de las fuerzas económicas transnacionales.

En la sociedad industrial desarrollista, la concentración de poblaciones masificadas en espacios asfaltados y urbanizados, sometidas a una clase dominante extremadamente jerarquizada y móvil, requiere un aparato de poder complejo y desarrollado, una sofisticada “megamáquina”. La conservación de las condiciones capitalistas esenciales obliga no sólo al sacrificio de la política autónoma, sino a la reducción de la burocracia partidista, de forma que la alternativa entre un Estado demócrata repleto de diputados y otro autoritario relleno de cargos arbitrarios es falsa; en una sociedad esclavizada por “los mercados” la opción discurre entre un Estado capaz de saldar sus deudas y otro insolvente. El primero puede permitirse mayor imaginería democrática a la hora de aplicar las medidas terroristas que impone la buena marcha de la economía. El segundo ha de plegarse a las exigencias de instancias exteriores cuyas órdenes se manifiestan a través de un Estado mejor administrado que les sirve de referencia, como es el caso de Alemania. En el otro extremo, una sociedad libre de condicionantes económicos es más que nunca una sociedad emancipada de condicionantes políticos, libre pues tanto del Mercado como del Estado. Una sociedad sin cargos electos, sin ejecutivos, consejeros ni asesores. Es una sociedad sin dirigentes ni expertos que ha de funcionar fuera de la economía autónoma y de la política profesional o amateur. Eso significa que ha de recrear en su seno condiciones no capitalistas suficientes e instituciones democráticas horizontales que hagan posible una existencia sin Estado. En palabras de P. J. Proudhon, “Encontrar una forma de transacción que, unificando la divergencia de intereses, identificando el bien particular con el general, borrando la desigualdad natural mediante la formación, resuelva todas las contradicciones políticas y económicas; aquella donde cada individuo sea a la vez productor y consumidor, ciudadano y príncipe, administrador y administrado; donde la libertad aumente siempre sin que nunca sea necesario alienar nada; donde el bienestar crezca infinitamente, sin que nadie sufra, bien de parte de la sociedad o bien de sus conciudadanos, ningún perjuicio, ni en su propiedad, ni en su trabajo, ni en su peculio, ni en sus relaciones de interés, opinión o afecto con sus semejantes… Yo no pido ni el bien, ni el manejo de los asuntos de nadie, y no estoy dispuesto a sufrir que el fruto de mi laboriosidad sea presa de alguien. También deseo el orden, tanto o más que quienes lo perturban con su pretendido gobierno; pero lo quiero como efecto de mi voluntad, como una condición de mi trabajo y una ley de mi razón. No lo soportaré jamás si proviene de una voluntad exterior, que me impone como condiciones previas la servidumbre y la esclavitud”. (Idea general de la revolución en el siglo XIX”)

En 1850 Proudhon, cuyos conceptos de propiedad y de trabajo derivaban de la economía “moral” típica del proletariado primitivo, creía que podría saltarse la lucha de clases con esa fórmula transaccional que él llamó “contrato”, especie de pacto social federativo desde la base social organizada, “en lugar de la alienación de las libertades, del sacrificio de los derechos, de la subordinación de las voluntades.” Es en cierto modo lo que hoy ensalza cierto ciudadanismo económico y municipalista, pacifista, encandilado con las cooperativas autogestionadas, las redes de consumidores y las monedas que llaman solidarias. Sin embargo, la historia, y, por consiguiente, la memoria de la experiencia, nos han enseñado que el conflicto es insoslayable, que la dominación utilizará todas sus fuerzas y recursos a su disposición para mantener la población en un estado de sumisión permanente, que la liquidación de los múltiples intereses de clase o de casta y que la supresión una tras otra de todas las piezas de la maquinaria gubernamental será obra de un sujeto revolucionario todavía por formar, y que el pacto o contrato social que lo constituya no se acordará en luchas laborales o reformas políticas, sino en revueltas territoriales y crisis urbanas. Cuando triunfe, los acuerdos entre iguales sustituirán a las leyes, y la libre federación de comunidades hará lo mismo con el Gobierno y el Estado. Es un camino largo y difícil, pues ha de pasar por encima de muchos cadáveres vivientes que, a pesar de haber sido sentenciados por la evidencia histórica, se obstinan en seguir coleando, abrazados al mundo tal cual es, el único lugar donde su sinrazón cobra sentido.


Miquel Amorós 

Texto extraído de Sniadeck

Clase Media, Partitocracia y Fascismo - Miguel Amorós

El tema de la partitocracia no ha sido seriamente estudiado ni por la sociología académica ni por la crítica “antifascista” del parlamentarismo moderno, y eso a pesar de que la crisis de los regímenes autoproclamados democráticos haya desvelado su realidad específica en tanto que sistema autoritario con apariencias liberales donde los partidos, y mucho más sus cúpulas, se abrogan la representación de la voluntad popular a fin de legitimar su acción y sus excesos en defensa de sus intereses particulares. No debe de extrañar el hecho, pues al igual que sucedió con la burocracia de partido único en los regímenes estalinistas y fascistas, la clase política conformada por la partitocracia existe en la medida que oculta su existencia como clase. Como apunta Debord, “la mentira ideológica de su origen jamás puede revelarse.” Su existencia como clase depende del monopolio de la ideología, leninista o fascista en un caso, democrática en el otro. Si la clase burocrática del capitalismo de Estado disimulaba su función de clase explotadora presentándose como “partido del proletariado” o “partido de la nación y la raza”, la clase partitocrática del capitalismo de Mercado lo hace exhibiéndose como “representante de millones de electores”, y por lo tanto, si la dictadura burocrática era el “socialismo real”, la suplantación partitocrática de la soberanía popular es la “democracia real”. La primera ha tratado de apuntalarse con la abundancia de espectáculos rituales y sacrificios; la segunda lo ha hecho con la abundancia de viviendas y de crédito para poseerlas. Sendas abundancias han fracasado.

Para comprender el fenómeno de la partitocracia hay que remontarse a sus orígenes históricos, cuando el caciquismo deja de ser operativo debido a la pérdida de poder de las oligarquías locales en favor del Estado. En un momento determinado de desarrollo capitalista, aquél en el que la burocratización juega un rol central en la historia, la administración partidista sustituye al paternalismo de los terratenientes y de la alta burguesía. El susodicho fenómeno hay que enmarcarlo entre la degeneración extrema del parlamentarismo, la concentración del capital, la degradación de las organizaciones obreras, la expansión del Estado y la profesionalización total de la política, hechos intensificados en la posguerra mundial. Podíamos también aludir a los vaivenes imperialistas, a la guerra fría, al “eurocomunismo”, a los procesos de modernización tecnológica y a la crisis energética, como otros tantos condicionantes de la fusión de la política, el Estado y el capitalismo nacional. Pero la patrimonialización del Estado por una clase política no alcanza su cenit y, por lo tanto, no desempeña un papel crucial, más que cuando proclama como objetivo único el crecimiento de la economía autónoma, es decir, el abandono del nacionalismo económico en pro del desarrollo mundial del Mercado. Entonces la clase política, apoyada en una extensa clientela creada con fondos y empleos públicos, se convierte en parte de la clase dominante. En una nueva burguesía, si se quiere. No es una clase subalterna, ni es toda clase dirigente (salvo en China); tampoco se trata de una clase nacional. Precisamente, cuando se internacionaliza deviene un elemento fundamental en las relaciones de producción impuestas por la globalización financiera. La partitocracia suprime la contradicción entre intereses nacionales e intereses globales al recrear en todas partes las mismas condiciones políticas óptimas para la expansión de la economía; por un lado, forjando al mismo tiempo una extensa red clientelar; por el otro, desactivando las protestas que emanan de la sociedad civil y aportando la violencia institucional allí donde falla la violencia económica. La economía no funciona sin el orden, y la partitocracia es, si no exactamente el orden, es un desorden que funciona en beneficio de la economía. Es el desorden establecido.

Bien que en un caso estamos ante un sistema abierto y competitivo que utiliza procedimientos electorales y, en el otro, ante un sistema cerrado y rígidamente jerarquizado donde los nombramientos no necesitan legitimación pública, en los últimos tiempos no es raro la comparación, incluso la asimilación, de la partitocracia con el fascismo. Ambas son formas autoritarias de gobierno que surgen tras los retrocesos y derrotas del proletariado, en el subsiguiente proceso de masificación y desclasamiento que dará lugar a una nueva clase media conformista y aquiescente. Las dos nacionalizan bancos en ruina y tienen un momento “plebeyo” inicial que estipula el “derecho al trabajo” y al “bienestar”, bien apuntalando determinados sindicatos o bien creándolos ad hoc para usarlos como interlocutores, momento que finaliza tan pronto como la clase obrera es domesticada y disuelta. La conversión del proletariado en una infantería pasiva de los sindicatos institucionales, sin ninguna conciencia de clase ni deseo de transformación social, es fundamental para la puesta en marcha de contrarreformas laborales; después se pedirán esfuerzos depauperadores a las clases medias. Fascismo y partitocracia basan su éxito en someter los antagonismos sociales al mito del Estado, pero donde hay Estado, la libertad está supeditada a la Razón de Estado, o sea que no existe. Por eso la clase política ha de consolidar y conservar su status suprimiendo los fundamentos liberales que la habían hecho posible. Se empeña en que la sociedad civil proletarizada no se constituya al margen del sistema y le dispute espacios, pero bajo el fascismo, en tanto que defensa extremista de la economía, se recurre a la brutalización de la vida pública, mientras que bajo el sistema parlamentario de partidos, en tanto que defensa modernizante, se emplea de preferencia la seducción consumista y la corrupción. Las dos maneras son respuestas costosas a la crisis capitalista puesto que necesitan mantener una creciente población improductiva que lleve a cabo una renovación, una movilización y un trasvase de recursos fuera del alcance del Mercado. Pero el fascismo es una respuesta arcaica y dura, y la partitocracia, una respuesta más envolvente y racionalizada. Son maneras de organización política del gran capital, diferentes de los regímenes antiguamente llamados “bonapartistas” -haciendo referencia a la dictadura populista implantada en Francia tras una victoria electoral por Luis Napoleón, como el del mariscal Pétain, también en Francia, el del general Perón en Argentina o el chavismo. Partitocracia y fascismo poseen una base social concreta, la pequeña burguesía, los empleados y el proletariado desclasado en el segundo, y la clase media asalariada y los obreros sindicalmente amaestrados en el primero.

La psicosis colectiva generada por la ausencia de ideales de clase, la desmoralización y el miedo a la crisis, hacen que dicha base crea en milagros, y se disponga a someterse, no sin patalear, a toda clase de medidas restrictivas. El desastre de la globalización hace que la dominación reclame una economía de guerra. Y aquí comienzan las diferencias: el fascismo se produce en un marco nacional, de ahí sus planes autárquicos, las empresas mixtas, los trabajos públicos como solución del paro y su nacionalismo expansionista. La partitocracia se desarrolla en un contexto neoliberal, por lo que su planificación nacional obedece las directrices económicas del capital internacional y su política exterior se supedita a la estrategia diplomático militar del gran Estado gendarme del capitalismo, los Estados Unidos de América. De ahí sus planes de infraestructuras, los consorcios mixtos de las metrópolis-empresa y el uso del “bienestar” como distribución discriminatoria de favores clientelares. Al contrario de lo que sucede con el fascismo, en la partitocracia la utilización del aparato burocrático con fines privados está descentralizada; ocurre en cualquier nivel de la administración y no solamente en las altas esferas ministeriales. La partitocracia no necesita estatizar ningún medio de producción, aunque sí puede darse el caso de intervenir en los medios financieros, pero siempre más en pro de los fondos de inversión internacionales que para salvar la empresa o la propiedad privada autóctona. Se mueve siempre en la esfera de intereses que superan a los estatales y locales, aunque no los anulen puesto que son los de su parroquia. Cierto es que se sirve del miedo como instrumento de gobierno, pero no para imponer una política de terror, sino una política de resignación. Para la partitocracia, los terroristas son los otros, sus enemigos violentos o tranquilos que intentan reconstruir la sociedad civil desde la disidencia, y se emplea a fondo con ellos, aunque en condiciones normales prefiera disolver los antagonismos de clase en lugar de criminalizarlos y aplastarlos, escogiendo la compra de líderes por cooptación al uso de la fuerza, y la tecnovigilancia al internamiento político. El fascismo no admite la excepción, mientras que la partitocracia tolera minorías hostiles con tal de que no se vuelvan problemáticas. La comunidad ilusoria definida por el fascismo de la que hay que formar parte por la fuerza es la de la raza o la nación que necesita un espacio vital, mientras que la comunidad partitocrática es la ciudadanía votante que completa sus necesidades espaciales con el turismo. Carece del gran problema de las dictaduras terroristas de partido único, que es la guerra contra las naciones vecinas. En virtud de los tratados internacionales que establecen la circulación libre de capitales, la expansión de la economía nacional no choca con aranceles ni barreras aduaneras, pudiéndose extender y hasta deslocalizar por el mundo sin necesidad de operaciones bélicas, salvo las exigidas por el control de las fuentes de energía. En consecuencia, las políticas “de defensa” de los sistemas partitocráticos no agotan las reservas nacionales en la fabricación de armamentos, ni condenan al hambre a la población sometida (como pasaba por ejemplo en la URSS y pasa hoy en Corea del Norte.) Tampoco la torturan con discursos y constantes manifestaciones de adhesión: la publicidad de la mercancía es más eficaz a la hora de la movilización que la ideología. Por eso los fascismos y totalitarismos han resultado fallidos casi siempre y se han desmoronado víctimas de sus insuperables contradicciones. Con frecuencia has sido sustituidos por regímenes partitocráticos más o menos imperfectos, es decir, más o menos mafiosos, según la presencia débil o fuerte de mecanismos reguladores, e inversamente, según la presencia fuerte o débil del personal del régimen anterior. Alemania, Suecia o el Reino Unido podrían ser ejemplos de partitocracias autorreguladas, y España, Italia o Rusia, de partitocracias corruptas. Tal reconversión se ha aprovechado de la derrota definitiva del proletariado revolucionario, nunca compensada con nuevos avances que reanimaran la discusión y el debate social e hicieran posible el retorno de un movimiento obrero radical e independiente.

Podemos aceptar que la partitocracia no es fascismo, aunque se asemeje a él en algunos aspectos -sobre todo en la forma bipartidista- pero es más cierto que tampoco es democracia, ni siquiera “democracia enferma”: en ella no existe separación de poderes, ni debate público, ni control, ni mecanismos formadores de la opinión. Es un tipo moderno de oligarquía desarrollista que funciona bien sin crisis. Las partitocracias se ven cuestionadas por su base social debido a que su supeditación al sistema financiero la perjudica, pero no hasta el punto de apelar a procedimientos revolucionarios, ya que su iniciativa no va más allá de la reforma electoral, del control de la Banca y de la demanda de inversiones. Las clases medias descontentas no rechazan el sistema partitocrático, simplemente exigen unos partidos más acordes con sus intereses y un Estado más keynesiano que solucione el problema del paro y del crédito; por consiguiente, sus armas siguen siendo la recogida de firmas, las movilizaciones por delegación, pacíficas y espaciadas, los votos y los recursos ante los tribunales. Así pues, las clases medias (entre las que cabría el proletariado inconsciente, disperso y desmoralizado) no persiguen un enfrentamiento con las instituciones partitocráticas, sino una mayor apertura de las mismas a un frente de terceros partidos y asociaciones. Una bautizada “democracia participativa.” Quieren estar correctamente representadas en el régimen, por lo que mojarán la pólvora para que no explote. No obstante, cuando las instituciones dejan de funcionar por un exceso de endeudamiento, fruto de la corrupción o de una simple mala gestión prolongada, se produce esa circunstancial desafeccción que, al aislar a la clase política –la cual, no lo olvidemos, incluye a la burocracia obrera- obliga la partitocracia a endurecerse aproximándola al fascismo, y más con el temor que inspira una verdadera oposición “antisistema”. Pero su instinto de supervivencia hace que no apacigüe el descontento limitándose a la legislación punitiva y las fuerzas antidisturbios, y haga leña de cualquier madera: los partidos y sindicatos alternativos, las coaliciones electorales y las plataformas cívicas, los movimientos sociales y vecinales. Así, uno se duerme en una asamblea de “indignados” y se despierta votando a Izquierda Unida o a Los Verdes. Y mientras tanto, la clase política, el verdadero Partido del Estado, salva su modus vivendi, o como ella lo llama, la “gobernabilidad”, gracias a una complicación pasajera del mapa político y unas puertas entreabiertas a la participación “transversal”.

La partitocracia se consolidó por el apoyo de las clases medias, que gustan de autodenominarse “ciudadanía”, pero no se corresponde con el gobierno de dichas clases; es, por el contrario, el gobierno absoluto del capital globalizado. Al estar demasiado fragmentadas, las clases medias son incapaces de una política independiente y, tanto en épocas de bonanza como en épocas de crisis, se acomodan con las políticas desarrollistas que marcan los dirigentes de la alta burguesía ejecutiva. Pero algo han de decir cuando sus intereses son echados por la borda. La protesta ciudadana, de la que el izquierdismo vanguardista no es más que una versión arcaizante, es su manera de manifestar el desencanto con los “políticos” y los parlamentos. Que no espere nadie ver transformarse las reivindicaciones “democráticas” consabidas en reivindicaciones socialistas. Que tampoco nadie espere encontrar en las propuestas ecologistas una defensa del territorio. No se piden más que reformas; sin embargo, la partitocracia no puede reformarse, sólo cabe derribarla, y eso es precisamente a lo que las clases medias no se atreven. No está en su naturaleza. Si se concentraran fuerzas históricas suficientes para destruirla, es decir, si se profundizara la crisis social hasta la ruptura, una parte de la clase media las seguiría, mientras que la otra abrazaría la dictadura o el fascismo y, entonces, el comunismo o socialismo revolucionario se jugaría a doble o nada. Por desgracia, como lo demuestra la ausencia de mecanismos populares de autoorganización, esas fuerzas no existen.

Cualquier análisis serio de la partitocracia debe tener en cuenta las relaciones entre la clase dominante, incluida la clase política, las clases medias y los movimientos contrarios al sistema. La clase dirigente debe asegurar la conexión con las clases medias mediante el Partido del Estado, neutralizando cualquier oposición resuelta que se forme directamente desde la contestación social. Si ello no sucediera y las protestas se convirtieran en revueltas, la clase dominante abandonaría los métodos pacíficos y conservadores en pro de tácticas propias de la guerra civil, acallándose los lamentos ciudadanistas y transformándose la clase política en partido unificado del orden. Cuando la clase dominante entra en conflicto con la democracia parlamentaria formal tratará de salir mediante leyes de excepción y estados de sitio encubiertos, como ha venido haciendo hasta ahora. Esa es la verdadera función de la clase política y la burocracia obrerista en momentos de crisis aguda. La clase política o Partido del Estado está para hacer innecesario el siempre arriesgado recurso al golpe militar o al fascismo, pues ella ha de bastarse y sobrarse para hacer de gendarme del capital mundial manteniendo las mínimas apariencias de legitimidad parlamentaria. Conviene repetir que las clases medias no constituyen exactamente una clase, sino un agregado variopinto de fragmentos sociales, maleable y versátil, por lo que están condenadas a seguir siendo hasta el fin una herramienta del capitalismo. No pueden escapar a las alianzas de emergencia con la clase dominante, puesto que necesitan una “dirección” y no hay otra clase capaz de dársela. Por otra parte, las clases medias temen más a la anarquía popular, a la violencia de masas, al anticapitalismo o al desmantelamiento del Estado, que a los impuestos, a los recortes o a las privatizaciones. Están irritadas con los políticos, con el parlamento y con el gobierno, pero todavía creen en los jueces, en la prensa, en los funcionarios y las ONGs, en la sanidad y la enseñanza públicas, en la ciencia y el progreso. Están sentadas sobre dos sillas inestables, pero ante una alternativa demasiado pronunciada se aferrarán a los tópicos ciudadanistas del orden antes que aventurarse por los inciertos caminos de la revolución social. No será así en todos los casos, pero sí en la mayoría. Al menos en un principio, cuando la clase dominante y el sistema partitocrático tengan las de ganar. Su papel histórico es subalterno, nunca determinante. El sujeto subversivo no surgirá de ellas, ni encontrará en ellas sus ilusiones y su ser. Hemos apuntado la posibilidad de que de la plena descomposición del capitalismo pueda emerger una clase “peligrosa” dispuesta a cambiar la sociedad de arriba abajo y a eliminar el régimen político imperante. Esta clase negativa habrá de rechazar la ideología ciudadanista tanto como la política profesional mistificadora que hacen los partidos, pues su condición de existencia impone una estrategia disolvente y un proceder independiente e igualitario. Si eso llega a suceder, la cuestión de la clase media se resolverá por sí sola.

Es muy difícil pensar estratégicamente después de una serie de derrotas decisivas. Los nuevos rebeldes persisten en ignorar la derrota de sus predecesores, pues cuanto mayor ha sido la destrucción del medio obrero y el progreso de la domesticación, mayor es la desorientación y la impotencia en vislumbrar una nueva perspectiva. La historia social registra un gran número de derrotas suplementarias como resultado de una mala evaluación de la derrota principal, en este caso la del proletariado en los sesenta y setenta, empeorada con los intentos de ocultarla o de ignorarla. Tampoco parece que influyan las transformaciones del capitalismo provocadas por la globalización, la crisis energética o la urbanización generalizada. En la guerra social este tipo de comportamiento lleva a la aniquilación de fuerzas, al compromiso efímero y al sectarismo vanguardista y aventurero. Resulta paradójico que quienes más partidarios son de una memoria histórica completa sean los más desmemoriados. Y que quienes se autodenominan la pesadilla del poder no sean más que la facción indisciplinada y extremista de las clases medias en ebullición. A lo largo de la historia las crisis sociales han conducido a situaciones explosivas, pero en una atmósfera de confusión y en ausencia de una conciencia clara, las crisis solamente agravan el proceso de descomposición. La mentalidad nihilista y el oportunismo ocupan el lugar de la conciencia de clase, trabajando contra la formación de un sujeto revolucionario, y fomentando subsidiariamente en las masas oprimidas sentimientos de frustración y de indiferencia. En los medios superficialmente contestatarios faltan análisis serios que destapen las raíces de la cuestión social. El atroz contraste con la realidad tozuda y triste de los ridículos tacticismos obreristas e insurreccionalistas, por no hablar de los todavía más penosos montajes lúdicos o estéticos, induce a la pasividad, no a la radicalización. No puede haber radicalización sin toma de conciencia, y no hay toma que valga si no se ha evaluado críticamente el pasado. Solamente con buenas intenciones, rabia y escenografías no se va a ninguna parte. Desgraciadamente estamos en los comienzos de una revisión crítica. El capitalismo continúa venciendo sin encontrar demasiada resistencia. Y el bando de los vencidos continúa sufriendo las consecuencias no asimiladas de sus derrotas.

Miguel Amorós

10 de enero de 2013

Extraído de  bslatormenta