El 30 de setiembre de 2012 el pueblo de la comunidad San Juan de
Cañaris, localizado en la sierra de la región de Lambayeque, realizó una
consulta comunal convocada para decidir la aceptación o no del proyecto
minero Cañariaco (de la empresa canadiense Candente Copper, en
el Perú empresa Cañariaco Copper Perú S.A.) sobre su territorio y en la
que participaron 1,896 comuneros, de los cuales 1,719 o el 95% votaron
rechazando el proyecto minero (varios diarios, La República del
9/10/2012 en línea, visitado el 2/02/2013). La población de San Juan de
Cañaris, en su mayoría Quechua hablante, convocó a dicha consulta ante
la inacción de las autoridades competentes del gobierno central,
amparados en sus derechos constitucionales e internacionales de
autonomía comunal (artículo 89º de la Constitución), justicia comunal
(artículo 149º de la Constitución) y consulta previa (Convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo). En los días y meses
siguientes, el gobierno central y la empresa minera interesada
desconocieron los resultados de la consulta y entonces la comunidad
inició acciones para ejecutar su acuerdo. En enero de 2013 se agudizaría
el conflicto con enfrentamientos directos entre la Policía Nacional y
la Población local, produciendo numerosos heridos con lesiones graves.
Enero/2013 - San Juan de Cañaris |
Tras un proyecto
minero, como el de Cañariaco, la comunidad no solo pierde una relación
armoniosa con su medio ecológico, sino también su organización social y
cultural con grandes efectos psicológicos. Los comuneros históricamente
han practicado la agricultura y ganadería como medios de vida,
desarrollando a su lado redes sociales comunitarias para la producción,
cosecha e intercambio de sus frutos y productos, con prácticas
culturales o costumbres que consolidan dichas redes. Un proyecto minero
sobre este contexto produce inevitablemente la alteración del medio
natural, transformando o anulando la agricultura y ganadería, pero, más
aún, produce la alteración de su organización social y cultural
comunitarios al transformar sus redes sociales y prácticas culturales
orientándolos bajo el paradigma utilitario o pragmático de la actividad
extractiva. Bajo este paradigma, por ejemplo, se produce la aparición de
tecnología y comodidades modernas, pero también diversión nocturna que
incluye discotecas, alcohol, drogas y prostitución.
El proyecto minero trae muchos beneficios monetarios o económicos,
pero también trae y deja efectos negativos a nivel social y cultural.
Sin embargo lo lamentable es que el beneficio económico no favorece a la
población local. Los beneficiarios principales son los inversionistas y
empresarios transnacionales, le siguen los empresarios nacionales que
subcontratan con ellos, y los profesionales o trabajadores calificados
que trabajan para ambos. Estos últimos conforman la creciente clase
media peruana concentrada particularmente en Lima. Los pobladores de San
Juan de Cañaris se beneficiarían con contratos menores de servicios o
trabajo, que justifican la sustitución de su agricultura y ganadería, y
con los subsidios que el gobierno central o regional proveería de
acuerdo a los reclamos o protestas que protagonice.
Al final, una comunidad rural como San Juan de Cañaris que vive sobre
una beta de oro, plata o cobre, se hace más pobre con la explotación
minera. Desde un inicio queda sin tierras y sin trabajo (al ser
desplazadas la agricultura y ganadería), y si bien puede recibir una
indemnización y un trabajo temporal al lado de la mina, termina migrando
a una gran ciudad cercana abandonando poco a poco su organización
social y sus prácticas culturales.
Fragmentos extraídos de Derecho y Desastre
Link Relacionados:
[Vídeo] 03 de Marzo 2013, Lambayeque: Mesa de trabajo de Cañaris no arribó a muchos acuerdos
Otras luchas anti-desarrollistas de la región peruana:
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