Ensayo publicado originalmente en 'Reconstuir Nº 67, Julio-Agosto de 1970, Argentina'. Rescatado por Carlos M. Rama y Ángel Cappelletti para el Libro «El anarquismo en América Latina», 1990, Biblioteca Ayacucho. (N&A)
Como
ocurre con tantos otros conceptos que tienen relación directa con las formas de
convivencia social, que han sido y siguen siendo utilizados como símbolos
definitorios de determinados intereses y situaciones políticas, los que se
designan con los términos de democracia y liberalismo, considerados a menudo
–erróneamente– como sinónimos, fueron objeto de tantas distorsiones a su
aplicación a la realidad, que de hecho quedaron despojados de toda
significación precisa y concreta.
Durante siglo y medio, aproximadamente, o sea desde la Revolución Francesa de 1789, hasta después de la primera guerra mundial, estas fórmulas sirvieron como banderas de lucha contra el dogmatismo religioso y, en general, contra diversas formas institucionalizadas de opresión que afectaban los derechos individuales y el principio de autodeterminación de las colectividades humanas. La finalidad que en principio perseguían los adeptos y propulsores de tales fórmulas, y en aras de la cual los pueblos de las diversas naciones aportaron multitud de sacrificios, era la de suprimir los privilegios y los antagonismos artificiales que dividían a los hombres, creando así sociedades libres que consagraran el esfuerzo de sus miembros al trabajo constructivo, en pos del progreso material y moral de todos ellos. El hecho de que tal finalidad no haya sido lograda, sino en forma sumamente parcial, y aun así limitada a determinados momentos y determinados países, ha sido indudablemente una de las causas fundamentales de las grandes frustraciones populares que afloraron especialmente en el período comprendido entre las dos guerras mundiales y cuya impronta negativa estamos sufriendo hoy en todas partes. Así se explica que hayan surgido y prosperen movimientos que pretenden resolver los problemas políticos y sociales de nuestros días invocando consignas y esquemas abiertamente antidemocráticos y antiliberales o bien estableciendo sistemas que bajo una convencional formulación de libertad y democracia representan en realidad una variante moderna del antiguo absolutismo, con todos sus irritantes privilegios.
La gran cuestión que se plantea ahora es como salir del agobiante círculo vicioso de las frustraciones del demoliberalismo que empuja a los hombres, incluso a muchos que se consideran revolucionarios, a incurrir en nuevas y dolorosas frustraciones, que no otra cosa resultan las “soluciones” que implican el establecimiento de férreas dictaduras, la consagración de personajes providenciales, con la consiguiente supresión de las libertades individuales que, aunque limitadas y en cierto modo bastardeadas en virtud de la vigencia de privilegios económicos dentro del orden capitalista, no dejan de constituir uno de los saldos positivos logrados tras siglos de luchas contra el antiguo absolutismo.
Para esbozar una respuesta a tan largo problema, no está demás volver un poco a las fuentes, es decir a los orígenes doctrinarios de lo que significaron democracia y liberalismo, desde su advenimiento en la época moderna a fines del siglo XVIII, para detectar las posibles fallas que determinaron en su aplicación las frustraciones aludidas. A ese efecto hemos de utilizar el, a nuestro juicio, certero análisis que hace Rudolf Rocker –el autodidacto y gran escritor libertario un tanto olvidado– acerca del significado político social de los conceptos de liberalismo y democracia, dentro de su valioso estudio sobre la etiología del totalitarismo moderno contenido en su obra «Nacionalismo y Cultura».
Señala Rocker, en primer término, que entre liberalismo y democracia existe una diferencia esencial en la interpretación de las relaciones. Para el liberalismo, que hace suya la máxima del filósofo griego, según la cual «el hombre es la medida de todas las cosas», la sociedad es una asociación al servicio de los individuos que la integran. Por consiguiente, el liberalismo «juzga el ambiente social según sea beneficioso para el desarrollo natural del individuo o que obstruya el camino de su libertad e independencia personal». Para la democracia, en cambio, el punto de partida es el concepto colectivo de pueblo o comunidad, a la cual deben servir los individuos a través de la expresión de lo que Rousseau, el teórico por excelencia del sistema, llamó la voluntad general. Según Rocker, esta idea, que inspiró la acción de los jacobinos en la revolución francesa, si bien contribuyó eficazmente a la caída del viejo absolutismo representado por la monarquía, dio nacimiento a «una nueva religión política, cuyas consecuencias para la libertad del hombre no habían de ser menos nocivas que la creencia en el origen divino de la realeza». Ello debió ocurrir así debido al fortalecimiento de la concepción abstracta del Estado, como depositario y expresión de la soberanía y la voluntad general. De hecho, la transferencia de la presunta soberanía del pueblo a los usufructuarios del poder estatal implicaba otorgarles una autoridad que en principio era absoluta y cuya atemperación o limitación hubo de depender prácticamente del grado de penetración de ideas liberales en la mentalidad popular y en la consiguiente capacidad de resistencia del pueblo –activa o latente– hacia las extralimitaciones del poder. Es así que la democracia moderna, según lo expresa Rocker y lo había señalado Proudhon y Bakunin, contenía desde su nacimiento, los gérmenes funestos del estatismo, cuyo desarrollo se aceleró tras la crisis suscitada por la primera guerra mundial.
Está claro, pues, tras las experiencias político-sociales vividas a lo largo del siglo pasado y lo que va del presente, que el pensamiento liberal, tal como fue expuesto por los filósofos anglosajones de fines del siglo XVIII –Bentham, Priestley, Thomas Paine, Jefferson y otros–, tuvo mucho menos influencia efectiva sobre el desarrollo de las instituciones normativas de la convivencia social durante el período aludido, que la que ejerció la concepción democrática formulada por Rousseau y puesta en práctica por los jacobinos y sus herederos políticos. Nos referimos al pensamiento que sostenía con Bentham que «La comunidad es una corporación de naturaleza moral que se compone de individuos considerados como si fuese sus miembros. El interés del conjunto, por tanto, no puede significar otra cosa que el interés por los individuos que se han reunido en comunidad. En consecuencia, no es más que una frase vacía eso de las exigencias de la comunidad, si no se tienen presentes los intereses del individuo». Frase ésta, estampada en un libro que se publicó en el año 1789 y que tiene particular validez en nuestros días, cuando a través de diversos sofismas y sistemas políticos, se pretende lograr la grandeza o el progreso de la comunidad, sacrificando a un ente abstracto a los intereses vitales de la mayoría de los individuos. Es el pensamiento liberal que desde otro ángulo formulara en la misma época Thomas Paine, escritor inglés y ciudadano del mundo, uno de los principales inspiradores de la Declaración de Independencia, quien impugnó entonces la perdurable confusión entre sociedad y gobierno, al resumir su opinión al respecto en esta síntesis tajante: «La sociedad es en toda forma una bendición, pero el gobierno, aun en su mejor estructura, no es más que un mal necesario; y en la peor forma, un mal intolerable». De ahí que a fines del siglo XVIII en gran parte del XIX existieran estadistas y escritores políticos que postularon con Thomas Jefferson que «el mejor gobierno es el que gobierna menos» y que incluso asignaran a los «buenos gobiernos» la misión de proveer al pueblo un tipo de educación que le permita un día prescindir de la tutela del «mal necesario», representado por los gobiernos.
Estos conceptos, que tuvieron popularidad y una considerable difusión teórica, sólo fueron aplicados en muy escasa medida por los mismos políticos que solían invocarlos en sus programas electorales. En la práctica, tanto la democracia como el liberalismo fueron desnaturalizados en un grado tal que se convirtieron en sendas contrafiguras de su respectivo arquetipo doctrinario. Así, las democracias históricas, las democracias reales, lejos de preocuparse por representar la auténtica soberanía del pueblo, se convirtieron, en el mejor de los casos, en un conjunto de organismos aptos para la captación de la voluntad, al servicio de intereses particulares: capitalistas, oligárquicos, burocráticos. En los casos peores, aquellos en que los gobernantes sedicentes democráticos ascendieron al poder mediante golpes de fuerza, como ocurre en las llamadas democracias populares y en regímenes de tutela militar, la democracia no llega a representar siquiera una deleznable hoja de parra.
La flagrante desnaturalización de ambas corrientes político ideológicas no se debió precisamente a la particular malicia o perversidad de los líderes políticos que utilizaron algunos de sus esquemas para llegar al poder. Sabemos, desde luego, que el poder es en sí un factor de corrupción, que explica no pocas claudicaciones y singulares cambios de frente entre los adeptos de esa deidad multisecular. Pero la fuente principal de aquella falsificación o, si se quiere, de aquel escamoteo de valores políticos respetables, no es de índole puramente subjetiva, sino que reside en el fenómeno material y concreto de la subsistencia de privilegios económicos y sociales que dividen a los hombres y que vuelven ilusorio, carente de sentido, cualquier esquema de organización de la sociedad libre de coerciones deformantes, antisociales.
Así lo entendió Rocker, cuando en el estudio al que nos referimos, observa: «Si el liberalismo fracasó prácticamente en un sistema económico basado en el monopolismo y en la división de clases, no fue porque se había equivocado en la exactitud de su punto de partida, sino porque es imposible un desenvolvimiento natural y espontáneo de la personalidad humana en un sistema que tiene su raíz en la explotación desvergonzada por la gran masa de miembros de la sociedad. No se puede ser libre política ni personalmente en tanto se está económicamente a merced de un tercero y no puede uno substraerse a esa condición. Eso lo reconocieron hace mucho tiempo hombres como Godwin, Warren, Proudhon, Bakunin y muchos otros, por lo cual llegaron a la convicción de que la dominación del hombre por el hombre no desaparecerá mientras no se ponga fin a la explotación del hombre por el hombre».
Desde este punto de vista cuestionaron siempre los adeptos del socialismo libertario –los anarquistas– al liberalismo político tal como aparecía en los grupos o partidos que invocaron ese esquema como medio para alcanzar el poder y mantener el statu quo vigente en el orden económico. Así, impugnaron el liberalismo militante, en tanto que liberalismo burgués y a la democracia oficial, como democracia burguesa. Partiendo de la situación real y concreta de que una sociedad basada en privilegios de clase es incompatible con la existencia de una comunidad de individuos asociados para fines de interés común en la práctica del apoyo mutuo, denunciaron una y cien veces la manifiesta inconsecuencia del liberalismo oficial respecto a sus premisas teóricas. Tal, por ejemplo, el pretendido antiestatismo de los «liberales», que consideran inadmisible la intervención del Estado en las actividades económicas, pero sólo en la medida en que esa intervención pueda interferir en la libertad de acción de los empresarios capitalistas, frente a los verdaderos productores y a los consumidores, a quienes el Estado «liberal» obliga a acatar la legalidad establecida, que hace legítimo el sistema de explotación de unos y otros.
El socialismo libertario, cuya finalidad esencial consiste en la supresión de toda forma de coerción en la convivencia, a fin de lograr que la sociedad sea realmente una comunidad de hombres libres e iguales, ha surgido así como una corriente revolucionaria y constructiva que se propone superar y corregir los vicios del orden establecido que, pese a sus múltiples distorsiones, sigue invocando los principios de la democracia y del liberalismo burgueses.
No se trata, simplemente, de remendar o cambiar algunos aspectos formales del sistema vigente para hacerlo más aceptable para sus víctimas, que seguirían siendo víctimas. El socialismo libertario tiene como meta la transformación de fondo de la sociedad, asentada actualmente sobre bases capitalistas y estatistas, pero no reniega de las conquistas limitadas pero logradas a través de las centurias y gracias al sacrificio de muchas generaciones de precursores, visionarios y militantes y que aseguran un mínimo de libertad y de respeto a la dignidad. Conquistas que no solo suelen ser negadas o retaceadas por los grupos dirigentes, representantes del tradicional statu quo burgués y reaccionario, sino que son asimismo cuestionadas, subestimadas y prácticamente rechazadas por ciertas corrientes que se consideran revolucionarias y que bajo el pretexto de combatir el liberalismo capitalista, tienden a arrasar con los pocos valores positivos que aun en forma parcial siguen vigentes en algunas sociedades contemporáneas, restaurando así un nuevo absolutismo que, al ser dotado de modernas formas de presión y represión, incluyendo la temible técnica del «lavado de cerebros», resulta más peligroso, nocivo y difícil de remover que los absolutismos antiguos. La funesta máxima leninista, según la cual «la libertad es un prejuicio burgués», traducida en normas e instituciones represivas, ha contribuido a falsear y desvirtuar, con trágica eficacia, el contenido socialista de los movimientos revolucionarios que a partir de 1917 se han ido imponiendo en los países de Europa oriental, en la inmensa China y en la isla del Caribe. Y no es mera casualidad, ni resulta del todo arbitrario que los heroicos y sacrificados impugnadores de ese cerrado orden totalitario que consagra la alienación absoluta de los individuos frente al Estado, los que surgen de la «intelectualidad» soviética, como surgieron asimismo entre los militantes del partido en Hungría y Checoslovaquia, sean calificados por la prensa informativa de «liberales», cuando son fundamentalmente socialistas, formados intelectualmente en la escuela del marxismo-leninismo. Es que las demandas de libertad, de respeto a la dignidad humana y a la admisión de lo que suele llamarse pluralismo ideológico, equivale a la efectiva libertad de pensamiento, no son en modo alguno incompatibles con el socialismo, sino que constituyen, por el contrario, condiciones esenciales de la real vigencia de esa forma de organización social.
El socialismo libertario, enunciado en sus líneas doctrinarias generales, después de la segunda mitad del siglo pasado, cuando aun no se habían consignado las experiencias institucionales de la democracia y del liberalismo burgueses, denunció ya entonces las fallas, las deformaciones y las contradicciones que una experiencia exhaustiva en la práctica de esas instituciones vino a confirmar después plenamente. El hecho de que la reacción más generalizada, incluso de tipo insurreccional, contra los males del orden capitalista, seudo liberal y seudo democrático, se oriente en el sentido de una vocación autoritaria, germen indudable de un nuevo absolutismo, constituye a nuestro juicio una realidad lamentablemente trágica, ya que ello ha de generar a su vez renovadas frustraciones, a semejanza de las que sufren en carne propia los rebeldes «liberales» de los países sometidos al capitalismo de Estado totalitario, bajo rótulo socialista. Pero esta comprobación no invalida en lo más mínimo la posición libertaria frente a los diversos sistemas de dominación y alienación del hombre, dentro de las sociedades fundadas en la represión y el privilegio. Cabe señalar que en menos de un siglo y medio, se produjo el advenimiento, el auge y la decadencia del sistema liberal. A medio siglo de vigencia del comunismo autoritario establecido en Rusia, ese régimen acusa fisuras y conflictos internos, en lo que al movimiento comunista se refiere, que bien pueden ser anuncio de cambios imprevisibles en el monolítico sistema. Hay allí una razón más para perseverar en la afirmación de los valores del socialismo libertario, que la experiencia histórica, observada sin anteojeras convencionales, ha confirmado plenamente.
Durante siglo y medio, aproximadamente, o sea desde la Revolución Francesa de 1789, hasta después de la primera guerra mundial, estas fórmulas sirvieron como banderas de lucha contra el dogmatismo religioso y, en general, contra diversas formas institucionalizadas de opresión que afectaban los derechos individuales y el principio de autodeterminación de las colectividades humanas. La finalidad que en principio perseguían los adeptos y propulsores de tales fórmulas, y en aras de la cual los pueblos de las diversas naciones aportaron multitud de sacrificios, era la de suprimir los privilegios y los antagonismos artificiales que dividían a los hombres, creando así sociedades libres que consagraran el esfuerzo de sus miembros al trabajo constructivo, en pos del progreso material y moral de todos ellos. El hecho de que tal finalidad no haya sido lograda, sino en forma sumamente parcial, y aun así limitada a determinados momentos y determinados países, ha sido indudablemente una de las causas fundamentales de las grandes frustraciones populares que afloraron especialmente en el período comprendido entre las dos guerras mundiales y cuya impronta negativa estamos sufriendo hoy en todas partes. Así se explica que hayan surgido y prosperen movimientos que pretenden resolver los problemas políticos y sociales de nuestros días invocando consignas y esquemas abiertamente antidemocráticos y antiliberales o bien estableciendo sistemas que bajo una convencional formulación de libertad y democracia representan en realidad una variante moderna del antiguo absolutismo, con todos sus irritantes privilegios.
La gran cuestión que se plantea ahora es como salir del agobiante círculo vicioso de las frustraciones del demoliberalismo que empuja a los hombres, incluso a muchos que se consideran revolucionarios, a incurrir en nuevas y dolorosas frustraciones, que no otra cosa resultan las “soluciones” que implican el establecimiento de férreas dictaduras, la consagración de personajes providenciales, con la consiguiente supresión de las libertades individuales que, aunque limitadas y en cierto modo bastardeadas en virtud de la vigencia de privilegios económicos dentro del orden capitalista, no dejan de constituir uno de los saldos positivos logrados tras siglos de luchas contra el antiguo absolutismo.
Para esbozar una respuesta a tan largo problema, no está demás volver un poco a las fuentes, es decir a los orígenes doctrinarios de lo que significaron democracia y liberalismo, desde su advenimiento en la época moderna a fines del siglo XVIII, para detectar las posibles fallas que determinaron en su aplicación las frustraciones aludidas. A ese efecto hemos de utilizar el, a nuestro juicio, certero análisis que hace Rudolf Rocker –el autodidacto y gran escritor libertario un tanto olvidado– acerca del significado político social de los conceptos de liberalismo y democracia, dentro de su valioso estudio sobre la etiología del totalitarismo moderno contenido en su obra «Nacionalismo y Cultura».
Señala Rocker, en primer término, que entre liberalismo y democracia existe una diferencia esencial en la interpretación de las relaciones. Para el liberalismo, que hace suya la máxima del filósofo griego, según la cual «el hombre es la medida de todas las cosas», la sociedad es una asociación al servicio de los individuos que la integran. Por consiguiente, el liberalismo «juzga el ambiente social según sea beneficioso para el desarrollo natural del individuo o que obstruya el camino de su libertad e independencia personal». Para la democracia, en cambio, el punto de partida es el concepto colectivo de pueblo o comunidad, a la cual deben servir los individuos a través de la expresión de lo que Rousseau, el teórico por excelencia del sistema, llamó la voluntad general. Según Rocker, esta idea, que inspiró la acción de los jacobinos en la revolución francesa, si bien contribuyó eficazmente a la caída del viejo absolutismo representado por la monarquía, dio nacimiento a «una nueva religión política, cuyas consecuencias para la libertad del hombre no habían de ser menos nocivas que la creencia en el origen divino de la realeza». Ello debió ocurrir así debido al fortalecimiento de la concepción abstracta del Estado, como depositario y expresión de la soberanía y la voluntad general. De hecho, la transferencia de la presunta soberanía del pueblo a los usufructuarios del poder estatal implicaba otorgarles una autoridad que en principio era absoluta y cuya atemperación o limitación hubo de depender prácticamente del grado de penetración de ideas liberales en la mentalidad popular y en la consiguiente capacidad de resistencia del pueblo –activa o latente– hacia las extralimitaciones del poder. Es así que la democracia moderna, según lo expresa Rocker y lo había señalado Proudhon y Bakunin, contenía desde su nacimiento, los gérmenes funestos del estatismo, cuyo desarrollo se aceleró tras la crisis suscitada por la primera guerra mundial.
Está claro, pues, tras las experiencias político-sociales vividas a lo largo del siglo pasado y lo que va del presente, que el pensamiento liberal, tal como fue expuesto por los filósofos anglosajones de fines del siglo XVIII –Bentham, Priestley, Thomas Paine, Jefferson y otros–, tuvo mucho menos influencia efectiva sobre el desarrollo de las instituciones normativas de la convivencia social durante el período aludido, que la que ejerció la concepción democrática formulada por Rousseau y puesta en práctica por los jacobinos y sus herederos políticos. Nos referimos al pensamiento que sostenía con Bentham que «La comunidad es una corporación de naturaleza moral que se compone de individuos considerados como si fuese sus miembros. El interés del conjunto, por tanto, no puede significar otra cosa que el interés por los individuos que se han reunido en comunidad. En consecuencia, no es más que una frase vacía eso de las exigencias de la comunidad, si no se tienen presentes los intereses del individuo». Frase ésta, estampada en un libro que se publicó en el año 1789 y que tiene particular validez en nuestros días, cuando a través de diversos sofismas y sistemas políticos, se pretende lograr la grandeza o el progreso de la comunidad, sacrificando a un ente abstracto a los intereses vitales de la mayoría de los individuos. Es el pensamiento liberal que desde otro ángulo formulara en la misma época Thomas Paine, escritor inglés y ciudadano del mundo, uno de los principales inspiradores de la Declaración de Independencia, quien impugnó entonces la perdurable confusión entre sociedad y gobierno, al resumir su opinión al respecto en esta síntesis tajante: «La sociedad es en toda forma una bendición, pero el gobierno, aun en su mejor estructura, no es más que un mal necesario; y en la peor forma, un mal intolerable». De ahí que a fines del siglo XVIII en gran parte del XIX existieran estadistas y escritores políticos que postularon con Thomas Jefferson que «el mejor gobierno es el que gobierna menos» y que incluso asignaran a los «buenos gobiernos» la misión de proveer al pueblo un tipo de educación que le permita un día prescindir de la tutela del «mal necesario», representado por los gobiernos.
Estos conceptos, que tuvieron popularidad y una considerable difusión teórica, sólo fueron aplicados en muy escasa medida por los mismos políticos que solían invocarlos en sus programas electorales. En la práctica, tanto la democracia como el liberalismo fueron desnaturalizados en un grado tal que se convirtieron en sendas contrafiguras de su respectivo arquetipo doctrinario. Así, las democracias históricas, las democracias reales, lejos de preocuparse por representar la auténtica soberanía del pueblo, se convirtieron, en el mejor de los casos, en un conjunto de organismos aptos para la captación de la voluntad, al servicio de intereses particulares: capitalistas, oligárquicos, burocráticos. En los casos peores, aquellos en que los gobernantes sedicentes democráticos ascendieron al poder mediante golpes de fuerza, como ocurre en las llamadas democracias populares y en regímenes de tutela militar, la democracia no llega a representar siquiera una deleznable hoja de parra.
La flagrante desnaturalización de ambas corrientes político ideológicas no se debió precisamente a la particular malicia o perversidad de los líderes políticos que utilizaron algunos de sus esquemas para llegar al poder. Sabemos, desde luego, que el poder es en sí un factor de corrupción, que explica no pocas claudicaciones y singulares cambios de frente entre los adeptos de esa deidad multisecular. Pero la fuente principal de aquella falsificación o, si se quiere, de aquel escamoteo de valores políticos respetables, no es de índole puramente subjetiva, sino que reside en el fenómeno material y concreto de la subsistencia de privilegios económicos y sociales que dividen a los hombres y que vuelven ilusorio, carente de sentido, cualquier esquema de organización de la sociedad libre de coerciones deformantes, antisociales.
Así lo entendió Rocker, cuando en el estudio al que nos referimos, observa: «Si el liberalismo fracasó prácticamente en un sistema económico basado en el monopolismo y en la división de clases, no fue porque se había equivocado en la exactitud de su punto de partida, sino porque es imposible un desenvolvimiento natural y espontáneo de la personalidad humana en un sistema que tiene su raíz en la explotación desvergonzada por la gran masa de miembros de la sociedad. No se puede ser libre política ni personalmente en tanto se está económicamente a merced de un tercero y no puede uno substraerse a esa condición. Eso lo reconocieron hace mucho tiempo hombres como Godwin, Warren, Proudhon, Bakunin y muchos otros, por lo cual llegaron a la convicción de que la dominación del hombre por el hombre no desaparecerá mientras no se ponga fin a la explotación del hombre por el hombre».
Desde este punto de vista cuestionaron siempre los adeptos del socialismo libertario –los anarquistas– al liberalismo político tal como aparecía en los grupos o partidos que invocaron ese esquema como medio para alcanzar el poder y mantener el statu quo vigente en el orden económico. Así, impugnaron el liberalismo militante, en tanto que liberalismo burgués y a la democracia oficial, como democracia burguesa. Partiendo de la situación real y concreta de que una sociedad basada en privilegios de clase es incompatible con la existencia de una comunidad de individuos asociados para fines de interés común en la práctica del apoyo mutuo, denunciaron una y cien veces la manifiesta inconsecuencia del liberalismo oficial respecto a sus premisas teóricas. Tal, por ejemplo, el pretendido antiestatismo de los «liberales», que consideran inadmisible la intervención del Estado en las actividades económicas, pero sólo en la medida en que esa intervención pueda interferir en la libertad de acción de los empresarios capitalistas, frente a los verdaderos productores y a los consumidores, a quienes el Estado «liberal» obliga a acatar la legalidad establecida, que hace legítimo el sistema de explotación de unos y otros.
El socialismo libertario, cuya finalidad esencial consiste en la supresión de toda forma de coerción en la convivencia, a fin de lograr que la sociedad sea realmente una comunidad de hombres libres e iguales, ha surgido así como una corriente revolucionaria y constructiva que se propone superar y corregir los vicios del orden establecido que, pese a sus múltiples distorsiones, sigue invocando los principios de la democracia y del liberalismo burgueses.
No se trata, simplemente, de remendar o cambiar algunos aspectos formales del sistema vigente para hacerlo más aceptable para sus víctimas, que seguirían siendo víctimas. El socialismo libertario tiene como meta la transformación de fondo de la sociedad, asentada actualmente sobre bases capitalistas y estatistas, pero no reniega de las conquistas limitadas pero logradas a través de las centurias y gracias al sacrificio de muchas generaciones de precursores, visionarios y militantes y que aseguran un mínimo de libertad y de respeto a la dignidad. Conquistas que no solo suelen ser negadas o retaceadas por los grupos dirigentes, representantes del tradicional statu quo burgués y reaccionario, sino que son asimismo cuestionadas, subestimadas y prácticamente rechazadas por ciertas corrientes que se consideran revolucionarias y que bajo el pretexto de combatir el liberalismo capitalista, tienden a arrasar con los pocos valores positivos que aun en forma parcial siguen vigentes en algunas sociedades contemporáneas, restaurando así un nuevo absolutismo que, al ser dotado de modernas formas de presión y represión, incluyendo la temible técnica del «lavado de cerebros», resulta más peligroso, nocivo y difícil de remover que los absolutismos antiguos. La funesta máxima leninista, según la cual «la libertad es un prejuicio burgués», traducida en normas e instituciones represivas, ha contribuido a falsear y desvirtuar, con trágica eficacia, el contenido socialista de los movimientos revolucionarios que a partir de 1917 se han ido imponiendo en los países de Europa oriental, en la inmensa China y en la isla del Caribe. Y no es mera casualidad, ni resulta del todo arbitrario que los heroicos y sacrificados impugnadores de ese cerrado orden totalitario que consagra la alienación absoluta de los individuos frente al Estado, los que surgen de la «intelectualidad» soviética, como surgieron asimismo entre los militantes del partido en Hungría y Checoslovaquia, sean calificados por la prensa informativa de «liberales», cuando son fundamentalmente socialistas, formados intelectualmente en la escuela del marxismo-leninismo. Es que las demandas de libertad, de respeto a la dignidad humana y a la admisión de lo que suele llamarse pluralismo ideológico, equivale a la efectiva libertad de pensamiento, no son en modo alguno incompatibles con el socialismo, sino que constituyen, por el contrario, condiciones esenciales de la real vigencia de esa forma de organización social.
El socialismo libertario, enunciado en sus líneas doctrinarias generales, después de la segunda mitad del siglo pasado, cuando aun no se habían consignado las experiencias institucionales de la democracia y del liberalismo burgueses, denunció ya entonces las fallas, las deformaciones y las contradicciones que una experiencia exhaustiva en la práctica de esas instituciones vino a confirmar después plenamente. El hecho de que la reacción más generalizada, incluso de tipo insurreccional, contra los males del orden capitalista, seudo liberal y seudo democrático, se oriente en el sentido de una vocación autoritaria, germen indudable de un nuevo absolutismo, constituye a nuestro juicio una realidad lamentablemente trágica, ya que ello ha de generar a su vez renovadas frustraciones, a semejanza de las que sufren en carne propia los rebeldes «liberales» de los países sometidos al capitalismo de Estado totalitario, bajo rótulo socialista. Pero esta comprobación no invalida en lo más mínimo la posición libertaria frente a los diversos sistemas de dominación y alienación del hombre, dentro de las sociedades fundadas en la represión y el privilegio. Cabe señalar que en menos de un siglo y medio, se produjo el advenimiento, el auge y la decadencia del sistema liberal. A medio siglo de vigencia del comunismo autoritario establecido en Rusia, ese régimen acusa fisuras y conflictos internos, en lo que al movimiento comunista se refiere, que bien pueden ser anuncio de cambios imprevisibles en el monolítico sistema. Hay allí una razón más para perseverar en la afirmación de los valores del socialismo libertario, que la experiencia histórica, observada sin anteojeras convencionales, ha confirmado plenamente.
Jacobo Prince
Tomado del libro «El anarquismo en América Latina» (1990, Biblioteca Ayacucho). Prólogo introductorio por país (Ángel Cappelletti) y anexo de
escritos seleccionados por Carlos M. Rama y Ángel Cappelletti.
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